La política española atraviesa una situación de bloqueo agravada por los últimos escándalos que afectan al Gobierno. Pedro Sánchez encuentra crecientes dificultades para sostener una mayoría operativa, mientras que Alberto Núñez Feijóo sigue sin reunir los apoyos necesarios para convertirse en alternativa. La principal dificultad de Pedro Sánchez, sin embargo, no es la corrupción, sino la gobernabilidad. La fragmentación parlamentaria y la dependencia de una mayoría heterogénea limitan su capacidad de acción, como refleja la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Los escándalos que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno han agravado esa fragilidad y alimentado las dudas sobre la continuidad de una legislatura que algunos socios, como el PNV, consideran agotada y que no debe extenderse más allá de 2026. Ante esta situación, la estrategia socialista pasa por resistir. Ni elecciones anticipadas ni cuestión de confianza. El PSOE atribuye las acusaciones a una operación para desalojarlo del poder y reivindica para justificar su continuidad la evolución de los principales indicadores económicos. Sin embargo, ese discurso convive con una realidad social más compleja, como ha puesto de relieve el Consejo Económico y Social en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025.
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