La encíclica «Magnifica Humanitas» del papa León XIV se ha presentado como una advertencia moral frente a los riesgos de la inteligencia artificial, entendida no solo como una innovación tecnológica sino como una estructura de poder capaz de concentrar conocimiento, condicionar conductas y erosionar la autonomía individual, una preocupación del todo legítima en un contexto en el que unas pocas corporaciones concentran el acceso a la información y moldean el debate público. Sin embargo, precisamente por la ambición ética del texto, hay que señalar que presenta algunas contradicciones que debilitan su planteamiento.
El documento advierte de que quien controle la IA podría imponer una determinada visión antropológica y moral al conjunto de la sociedad, una preocupación que remite a precedentes históricos. Durante siglos, la Iglesia católica desempeñó un papel central en la definición del conocimiento legítimo y en el control de la circulación de ideas hasta que la irrupción de la imprenta alteró ese equilibrio al democratizar el acceso al conocimiento y debilitar monopolios interpretativos relativamente estables, un proceso al que la Iglesia respondió, entre otros mecanismos, mediante la censura y el control doctrinal para preservar su autoridad cultural.
Por ello, salvando las diferencias históricas y tecnológicas evidentes, la expansión de la IA vuelve a situar en el centro la vieja disputa sobre quién controla el acceso al conocimiento, quién condiciona el debate público y qué ideas son legítimas. La crítica de la Iglesia a la IA pone así de manifiesto una evidente incoherencia, al identificar como amenaza dinámicas de concentración cultural y autoridad interpretativa que también estuvieron presentes en determinados momentos de su propia trayectoria. Y algo parecido ocurre con la apelación a la dignidad humana universal frente a las nuevas formas de subordinación tecnológica, ya que encuentra su límite ante determinadas estructuras internas de la propia Iglesia, especialmente en relación con el papel de las mujeres, puesto que la distinción entre igual dignidad y funciones diferenciadas encaja cada vez peor en sociedades donde la igualdad implica también acceso equivalente a la representación y al poder institucional.
Y esos son probablemente los principales límites de la encíclica, no tanto su crítica a la tecnología, que en buena medida resulta razonable, sino el contraste entre su discurso y su funcionamiento, así como la escasa conciencia histórica desde la que se formula, al presentar a la Iglesia como observadora externa de una disputa sobre la autoridad, el conocimiento y la legitimidad cultural de la que ella misma ha formado parte. La cuestión de fondo sigue siendo, por tanto, quién define los marcos de legitimidad cultural y qué límites democráticos pueden imponerse a formas de poder que ejercen confesiones religiosas, estados y plataformas tecnológicas. Cambian los instrumentos y los actores, pero en el fondo la lucha por el poder persiste.
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