León XIV lleva un año en el trono y ya ha empezado a reordenar los muebles económicos del Vaticano. Es el tercer Papa en hacerlo. Benedicto XVI sentó las bases, Francisco ordenó y ahora León XIV afina. En octubre del año pasado, el Pontífice peruano-estadounidense, que visitará España del 6 al 12 de junio,firmó un motu proprio titulado Coniuncta cura (cuidado conjunto) que ha reforzado el papel de la APSA, la gestora inmobiliaria y financiera del Vaticano, fundada en 1967. En diciembre, suprimió la Comisión de Donaciones, órgano de captación de fondos que su antecesor, Jorge Mario Bergoglio, creó mientras agonizaba en el Hospital Agostino Gemelli y que generó sospechas sobre quién controlaría realmente el grifo de las donaciones. Al menos sobre el papel, la cosa parece que marcha, según analistas y exfuncionarios vaticanos consultados.
Los números hablan por sí solos. En el Vaticano hay tres principales entidades que administran activos económicos y financieros: la Santa Sede (la Curia Romana, que ayuda al Papa en su gobierno), el Estado Ciudad del Vaticano (Governatorato) y el Instituto para las Obras de Religión (IOR). Los tres tienen balances independientes y los tres tienen hoy sus finanzas bastante más ordenadas que hasta hace poco.
En concreto, la Santa Sede cerró 2024 (último ejercicio publicado, en diciembre de 2025) con un recorte de su déficit estructural de casi la mitad, de 83 a 44 millones de euros, y consiguió un superávit de 1,6 millones, frente al déficit de 51 millones del ejercicio anterior. No es poco, y se debe en buena parte a los resultados de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que ganó 62,2 millones en 2024, con 1.580 millones en inversiones financieras y una rentabilidad del 8,51% en cartera propia (el activo estrella fue el oro).
Tirón de los museos
En cambio, las cifras del Governatorato no se publican desde 2016, pero sí figura una contribución de unos 20 millones directamente de esta institución al balance consolidado de la Santa Sede en 2024, algo que con toda probabilidad se debe, sobre todo, a los buenos resultados de la actividad de los Museos Vaticanos, uno de los complejos culturales más visitados (alrededor de siete millones de personas al año). De hecho, está a cargo de todo el espacio físico dentro de los muros del Vaticano y Castel Gandolfo, y tiene gastos limitados, por ejemplo, en la justicia vaticana y la gendarmería.
Lo mismo ocurre con el IOR, la principal entidad financiera del Vaticano. Este organismo está hoy obligado a cumplir con «filtros éticos» que excluyen ciertas inversiones, incluso rentables, como las vinculadas a la industria armamentística y a sectores incompatibles con la doctrina eclesial (en el pasado se llegó a invertir en fabricantes de anticonceptivos, como la extinta firma suiza Serono, y en el fabricante de armas estadounidense Lockheed). La entidad acaba de publicar su mejor resultado en una década: un beneficio neto de 51 millones en 2025, el 55,5% más. Al Papa le correspondió además un dividendo de 24,3 millones para obras de caridad, el 76% más.
Cuentas auditadas
Las cuentas de Robert Francis Prevost fueron auditadas por la firma Deloitte & Touche «sin ninguna observación» y, al igual que las de la APSA y la Santa Sede, se han publicado parcialmente en abierto. Una realidad de transparencia que habría parecido un imposible a quienes siguieron el caso Ambrosiano y los escándalos de los años 60 hasta los 90 del siglo pasado.
Esta historia, de hecho, no empieza hoy, sino mucho tiempo atrás, cuando hace unos 20 años el Vaticano decidió que no podía seguir como antes. Décadas de escándalos habían dejado su reputación financiera por los suelos. Marcello Condemi lo sabe bien. «Empezó en los años de Benedicto XVI«, subraya este profesor de Derecho de la Economía, exdirectivo de la Autoridad de Información Financiera (AIF) vaticana y uno de los artífices de la primera ley antilavado del Vaticano. Corría 2010 y lo que se construyó no era una reforma: era un sistema que no existía. Hasta el 30 de diciembre de ese año, el Vaticano era un agujero negro al que las instituciones de vigilancia casi no podían acercarse. Después, eso cambió. «Fue una primera piedra fundamental para llevar la economía del Vaticano al siglo XXI«, afirma el experto.
La razón era simple: sin ese salto, el Estado más pequeño del mundo corría el riesgo de quedar señalado como lo que algunos ya murmuraban, un paraíso fiscal con cúpula dorada. Como llegó a reconocer el hoy expresidente del IOR Jean-Baptiste de Franssu, en el último balance: «Los acuerdos fiscales concluidos con diversos países han garantizado la plena transparencia fiscal del IOR a partir de 2015. […] Hemos puesto fin de manera decisiva a la era del IOR como paraíso fiscal». Pero hubo además otra ventaja en este camino: tras una negociación directa con Bruselas, el Vaticano pudo por fin adoptar el euro como moneda propia, algo que sus acuerdos precedentes con Italia le habían impedido. «Eso también ha permitido mayor estabilidad y autonomía económica», afirma.
Francisco aceleró lo que Benedicto había iniciado. Centralizó la gestión de activos, sometió al Vaticano a las evaluaciones de Moneyval (el comité europeo antilavado) y en 2024 colocó a la Santa Sede entre los cinco países del mundo con mayor transparencia en materia de blanqueo, según el propio organismo.
No fue de golpe. Costó una década de nuevas medidas: además de la ley antilavado, el cierre de miles de cuentas bancarias opacas y la expulsión de clientes de origen dudoso (2012-2014); la creación de una Secretaría de Economía para poner orden en unas cuentas que cada oficina llevaba por su lado (2014); la centralización de inversiones dispersas y a menudo incontrolables (2020); reglas más severas para contratos y licitaciones (2020), y dos cosas que habrían parecido impensables en el Vaticano del pasado: balances públicos y cardenales sentados en el banquillo por corrupción financiera (2019-2024). Ahí el juicio contra Angelo Becciu.
Cientos de católicos arcoíris de todo el mundo cruzarán en peregrinación la puerta de la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano / Stefano Spaziani – Europa Press
Cambio de roles
León XIV heredó ese bagaje y lo ha retocado. Como dice Pierluigi Consorti, profesor de Derecho Eclesiástico e Intercultural en la Universidad de Pisa: «No ha hecho aún grandes reformas, pero sí ha publicado un motu proprio que devuelve a la APSA un rol más fuerte» y centraliza el sistema, despojando al IOR de la gestión exclusiva de los activos financieros. La APSA es ahora «el verdadero banco del Vaticano». El IOR queda en un papel complementario. En palabras pobres, «la APSA decide, el IOR ejecuta», resume.
El cambio no es menor por otra razón. Como señala Condemi, no había muchas más opciones que encontrar una nueva y mejor estrategia inversora. Una razón: la repercusión para las arcas vaticanas de la cada vez más visible volatilidad en las donaciones de las Iglesias más activas (EEUU, Italia, Brasil y Alemania). Todas llevan años en altibajos (caída sostenida, leve remontada desde 2024) por razones distintas. Han influido los escándalos, las riñas entre las corrientes internas de la Iglesia e incluso la popularidad de los papas, sobre todo en EEUU, pero también el declive estructural del número de católicos practicantes, como está ocurriendo en Alemania.
El periodista Gianluigi Nuzzi puso números a esta crisis. Según escribió en su libro Giudizio Universale, el Óbolo de San Pedro -el fondo con el que los fieles de todo el mundo envían sus ofrendas al Pontífice- habría pasado de 101 millones en 2006 a 51 millones en 2018. De ahí la importancia del sector financiero. Como recoge el último informe de la Secretaría de Economía: «Los resultados de la gestión financiera fueron especialmente sólidos […] contribuyendo de forma decisiva a cubrir el déficit operativo«.
Aun así, las reformas también han tenido un precio. En enero de 2026, la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV) -único organismo que hace las veces de sindicato en un Estado donde los sindicatos están prohibidos y el derecho a la huelga no existe- publicó la primera encuesta laboral de su historia. Según este documento, el 73,9% de estos trabajadores sienten hoy «desconexión» con la dirección, el 75,9% se considera infravalorado y más del 56% ha denunciado haber sufrido injusticias o comportamientos vejatorios de sus superiores. Las autoridades se limitaron a responder que la muestra era pequeña. Lo que no negaron es que los salarios llevan congelados desde 2008 (aunque no pagan impuestos).
Diferencias salariales
Juan Antonio Guerrero Alves, antiguo prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede (2019-2022), también ha salido al paso de las críticas. En una reciente intervención escrita señaló: «Pocos lugares son más igualitarios que el Vaticano. Las diferencias salariales entre el salario menor [empleado nivel 1] y el mayor [prefecto o cardenal] son de 1 a 4,5 o de 1 a 5«. Eso sí, como reconoció León XIV en su última entrevista, un problema real es el fondo de pensiones de los empleados del Vaticano, cuyo déficit ronda entre 630 y 1.500 millones (según diversas fuentes, la disparidad de las cifras también refleja algo de la opacidad que aún persiste).
Es en ese contexto donde el giro hacia las inversiones cobra sentido: no es solo una apuesta de modernización financiera, también es un colchón ante un mundo cada día menos inclinado hacia la religión. Esta es también la opinión del vaticanista y autor del libro Las finanzas vaticanas, entre escándalos y reformas. El Pontífice está ahora intentando recuperar «la capacidad de ganar dinero de los diversos organismos, también porque la situación hasta hace un año era verdaderamente grave [un fuerte déficit]», según Peloso. Además, «es suficiente con mirar cuántos cargos tiene hoy el cardenal Kevin Joseph Farrell… para entender en quién confía el Papa. Desde luego, no en un italiano».
El Vaticano parece haber hallado, por fin, su sitio en el capitalismo del siglo XXI, salvando el alma con filtros éticos pero multiplicando los panes y los peces en los mercados. Otra cosa es el secretismo, ese sedimento de siglos que se adhiere a los muros de los palacios apostólicos con la fuerza del incienso y que resulta casi imposible eliminar. En la Secretaría para la Economía, de hecho, han preferido mantener la tradición: pese a las reiteradas peticiones de información para este reportaje, ninguna ha obtenido respuesta.
Los ojos que vigilan el dinero del Papa
Del fantasma del banquero de Dios a un regulador que airea los trapos sucios. La Santa Sede apuntala su control financiero frente al blanqueo, mientras sus organismos lidian con la falta de comunicación interna.
El año pasado, el Vaticano detectó 78 operaciones financieras sospechosas. Casi el doble que las 42 registradas en 2024. La institución lo presentó como una buena noticia, el síntoma de que los cortafuegos funcionan. Y en cierto modo lo es: significa que el sistema mira, que alguien ahora intenta mirar.
Durante décadas, en los sagrados palacios nadie miraba demasiado, o quien miraba acababa mal. La memoria vaticana es larga y está llena de cicatrices. Roberto Calvi, el «banquero de Dios» vinculado al caso del Banco Ambrosiano, apareció colgado bajo el puente de los Frailes Negros en Londres en 1982, en circunstancias que la justicia británica e italiana nunca llegaron a aclarar del todo, dejando un espeso rastro de mafia, logias masónicas y finanzas eclesiásticas. Mucho más recientemente, en 2017, Libero Milone, el primer auditor general nombrado para hacer preguntas incómodas, fue fulminado y obligado a dimitir bajo acusaciones de espionaje que él siempre negó, en lo que pareció una clásica maniobra de la vieja guardia para proteger sus feudos. La Santa Sede tiene un largo e inquietante historial de cosas que salen torcidas en cuanto alguien se pone a revisar los libros contables.
Por eso el informe que la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF) publicó el pasado 30 de abril no es un documento apasionante para el gran público, pero importa a los mercados. No tanto por los 522.000 euros en transacciones cautelarmente bloqueadas, ni por los 16 casos de presunto blanqueo remitidos a la fiscalía vaticana, sino por lo que su mera existencia implica: que ahora hay un funcionario que cuenta, que anota, que firma y que expone los trapos sucios al sol. La ASIF también ha dado detalles que revelan la compleja geopolítica de la Iglesia. De las 78 alertas, 73 procedieron directamente del IOR, el llamado Banco Vaticano, y, curiosamente, una parte significativa de los flujos bajo sospecha procedía de zonas de conflicto o alta inestabilidad como Myanmar (Birmania), donde las misiones católicas operan a menudo en la economía sumergida. Tras una revisión exhaustiva, 71 de estas alertas fueron finalmente autorizadas al comprobarse su origen legítimo, pero el aviso ya estaba dado. En la Roma papal, el mero hecho de que se encienda una luz de alarma es una revolución.
De hecho, la Santa Sede no es solo una institución religiosa con 2.000 años de historia. Es también la última monarquía absoluta de Europa (cuyo jefe supremo es el Papa), un Estado soberano con un patrimonio inmobiliario colosal y disperso por París, Londres, Roma y medio mundo, y una burocracia económica propia que ha sido, a primera vista, tan críptica como un texto en latín. Este laberinto institucional funcionó durante décadas con la opacidad suficiente para albergar desfalcos, inversiones ruinosas en el extranjero y tramas de corrupción que protagonizaron los escándalos de los ochenta y noventa. Una mancha reputacional que le ha costado al Vaticano 20 años de reformas y tres pontificados empezar a limpiar. Hoy, la estructura ha abandonado el caos feudal y son cinco los principales organismos que vertebran y se reparten el poder de las finanzas vaticanas.
¿Qué hacen exactamente estos cuerpos en la nueva era de la eficiencia? Grosso modo: la Secretaría para la Economía fija las reglas del juego, diseña los presupuestos y supervisa a todos con puño de hierro; el Governatorato administra el espacio físico, las infraestructuras de la Ciudad del Vaticano y se beneficia de las jugosas entradas de los Museos Vaticanos; la APSA gestiona el gigantesco patrimonio inmobiliario y la tesorería central; el IOR custodia y administra los fondos de las órdenes religiosas e instituciones católicas de todo el planeta, y el Auditor General revisa las cuentas a posteriori para certificar que ninguno de los anteriores haga trampas.
En este engranaje, la ASIF –que técnicamente es un órgano administrativo independiente– actúa como el regulador externo al estilo de los supervisores bancarios nacionales y el Banco Central Europeo. Su misión principal es vigilar con lupa al IOR en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y es quien elabora ese informe anual que este año encontró 78 razones para prestar atención. Que las encuentre, que las cuente en una rueda de prensa y que las publique en abierto es, por ello, el verdadero avance. No es poca cosa. Durante mucho tiempo, en este laberinto de mármol, incienso y latín, la consigna institucional era no buscar. Y si no buscas, claro, las cuentas siempre cuadran.
El problema es que no siempre estos organismos comunican -de hecho, algunos dicen que es al revés, que existe una profunda desconfianza- y que además la misma estructura hace difícil tener flexibilidad a la hora de transferir fondos. La colecta del Domund (jornada en la que la Iglesia católica universal reza por los misioneros y realiza una colecta mundial), por ejemplo, va para el Dicasterio de la Evangelización, y la colecta de Tierra Santa va para el dicasterio de Iglesias Orientales. Esos fondos se deben aplicar a la finalidad para la que fueron dados y no se pueden transferir a otros dicasterios con otras funciones distintas. Así son las estrictas reglas vaticanas.
