¿Qué ley justicia o razón / negar a los hombres sabe / privilegio tan suave, / excepción tan principal…
A mediados de mayo aparecía anunciada a bombo y platillo una rebaja para los jubilados en el copago de medicamentos: «El Gobierno reduce el copago farmacéutico a las rentas bajas y medias con más tramos y nuevos topes». Dentro de esas limitaciones, se establecen unas nuevas para los pensionistas: los que ingresan menos de 18.000 euros anuales abonan un 10 por ciento del precio de los medicamentos, con un límite mensual de 8,23 euros; los que ingresan entre 18.000 y 59.999 euros anuales abonarán el 10 por ciento del valor del fármaco con un tope de 13,37 euros al mes; las rentas de pensionistas que se muevan entre los 60.000 y los 99.999 euros al año mantendrán ese 10 por ciento y el límite de los 18.52 euros al mes. Naturalmente, ese ahorro personal sobre lo que hasta ahora se devengaba lo pagarán las arcas públicas, es decir, todos los españoles, unos 265,63 millones de euros.
¿Ha leído usted «los pensionistas»? ¿Todos los pensionistas? Pues ha leído bien pero no dice «todos los pensionistas». Dice únicamente aquellos pensionistas que no hayan sido funcionarios y, por tanto, no estén inscritos, velis nolis, en Muface.
No piensen ustedes que los españoles acogidos a Muface tienen algún privilegio especial en su pensión (de eso, igual hablamos otro día), ni en sus atenciones sanitarias. Es cierto que un determinado número puede haber preferido depender de compañías médicas privadas para el cuidado de su salud, pero otros muchos están inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social. En todo caso, y en lo referente al gasto por medicamentos, la cuestión no es la del sistema de atención sanitaria en que el ciudadano está inscrito, sino la cuantía de la pensión.
Pues bien, es igual cuál sea el monto de su pensión: como jubilado de Muface, como exfuncionario, usted pagará un 30% de los medicamentos (y no es difícil que a su edad sea polimedicado, esto es, con mucho gasto), y sin tope mensual ninguno. Añadamos más, es posible que su cónyuge, por las razones que sean, no reciba emolumento alguno del Estado, es decir, que sus ingresos mensuales sean cero. Pues bien, sus medicamentos devengarán también el 30% y el tope de gasto no existirá.
No alcanzo a averiguar la diferencia en el trato, como, asimismo, se me escapa el que esta discriminación no haya levantado un vocerío de los afectados ni haya provocado en los medios un cierto revuelo.
Lo que es evidente es que, como dice el refrán, «mucho va de Pedro a Pedro» y que, asimismo, qué bueno es el Gobierno haciendo propaganda de lo que le conviene y silenciando lo que no.
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