El Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras del hotel del Algarrobico, según ha informado este viernes Greenpeace, que considera esta decisión un paso decisivo para acabar con uno de los mayores símbolos del urbanismo ilegal en la costa andaluza.
La organización ecologista ha explicado que el dictamen, con fecha de 21 de mayo, afecta a la licencia concedida en 2003 para la construcción del hotel situado en Carboneras, en Almería. Greenpeace subraya que este dictamen es de obligado cumplimiento y que, con la anulación de la licencia, «ya no hay obstáculos administrativos» para proceder a la demolición del edificio.
La plataforma Desmontando el Algarrobico, compuesta por más de 25 organizaciones ecologistas, políticas y sociales en una protesta / Carlos Barba / EFE
Más de dos décadas de litigios
La decisión llega tras más de dos décadas de litigios, medio centenar de sentencias y doce años después de que Greenpeace iniciara una vía administrativa específica para pedir la revisión de oficio de la licencia. La organización considera que el dictamen supone la culminación del recorrido judicial y administrativo que ha confirmado la ilegalidad del hotel construido a pie de playa en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Según Greenpeace, el dictamen del Consejo Consultivo responde a la sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que ordenó al Ayuntamiento de Carboneras iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras. La organización recuerda que el Supremo ya había sentenciado en 2016 que el paraje del Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994, desmontando así el argumento municipal de que los terrenos podían urbanizarse.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que la decisión supone «mucho más que la anulación de un permiso de obras». «Celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas», ha señalado. Saldaña ha advertido, no obstante, de que este caso debe servir como «punto de inflexión» ante un funcionamiento institucional que la organización califica de «agónico y cómplice» con intereses económicos y políticos.
Vista aérea del hotel de El Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata / Carlos Barba / EFE
«Ya no quedan más excusas» para que El Algarrobico siga en pie
En la misma línea, el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha asegurado que «ya no quedan más excusas» para que el hotel siga en pie. «Cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle», ha afirmado.
Greenpeace sostiene que la nulidad de la licencia confirma que el permiso concedido en 2003 fue ilegal desde el inicio por contravenir los planes ambientales del Parque Natural. Por ello, la organización va a solicitar de forma inmediata al Ayuntamiento de Carboneras la demolición del edificio.
La entidad ecologista recuerda que existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece el reparto de tareas para actuar sobre el inmueble: el Estado asumiría la demolición y el desescombro, mientras que la Junta se encargaría de la restauración ambiental y la gestión de los residuos.
Vista general del hotel ilegal de El Algarrobico / MARIAN LEON / Europa Press
Greenpeace reclama ahora que los presupuestos públicos de 2026 y 2027 incluyan las partidas necesarias para ejecutar el derribo y devolver la playa a su estado original. Según un informe encargado por la organización, la demolición y la restauración ambiental tendrían un coste estimado superior a los siete millones de euros.
Expropiación y demolición
La organización también destaca que la nulidad de la licencia es la «llave maestra» para culminar el proceso de expropiación iniciado en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica sin tener que asumir una indemnización que Greenpeace considera abusiva. En este sentido, subraya que la anulación del permiso cierra la puerta a que la promotora, Azata del Sol, pueda reclamar indemnizaciones millonarias basadas en una licencia que ahora queda declarada nula desde su origen.
Greenpeace recuerda que la promotora llegó a reclamar en su día más de 70 millones de euros y defiende que la justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo. Para la organización, la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento de Carboneras nunca debió conceder ese permiso.
«El Algarrobico pasa hoy de ser un símbolo de la corrupción y el ladrillazo al ejemplo del fin de la impunidad», ha concluido Eva Saldaña, que ha insistido en que la protección del patrimonio natural debe ser «ineludible e inmediata».
