El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz incluye en el auto en el que ha autorizado la operación desarrollada este miércoles en la sede nacional del PSOE y varios domicilios una mención a la ‘carta a la ciudadanía’ en la que el presidente Pedro Sánchez se planteaba permanencia en el Gobierno tras la imputación de su esposa. «Es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte del Santos Cerdán — ex número dos del PSOE– se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz, la cual tuvo lugar el 26.04.2024» agrega el magistrado en el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que le afectaban al PSOE o al Gobierno.
«Así se lo hace saber Leire (la exmilitante socialista Leire Díez) a otro implicado cuando le comunica «me voy de urgencia a Madrid (…) me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente», continúa la resolución. En su auto, el juez detalla que en la reunión del 26 de marzo participaron también la ex militante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el director de comunicación Ion Antolín.
El magistrado ha imputado a Ana Fuentes, gerente del PSOE, al exsecretario general del partido que acabó en prisión por el caso Koldo, Santos Cerdán, y a otras seis personas, en un nuevo frente abierto contra el partido, que se ha conocido cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaban a primera hora de este miércoles, en su sede central, en la calle Ferraz de Madrid, para entregar un requerimiento de documentación en relación con esta investigación.
Por el momento, esta investigación se integra en el denominado ‘caso Sepi’ que asumió este magistrado el pasado mes de diciembre, y que ya tenía como imputados a a Leire Díez y también al al empresario vasco Antxon Alonso, -‘socio’ en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública. Fuentes jurídicas explican a este diario que se trataría de hechos anexos muy similares a los que ya investiga un juez ordinario de Madrid y que previsiblemente pasarán a formar parte de una pieza separada y a asumir las pesquisas ya realizadas.
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