La Ley de Vivienda es un completo y absoluto desastre. Así de contundente se muestra el experto Alberto Sánchez, quien en sus redes sociales ha analizado el impacto de la normativa tres años después de su entrada en vigor.
Según el experto, la ley ha conseguido «justo el efecto contrario del que querían los políticos», provocando una tormenta perfecta en el mercado del alquiler.
Las cifras que aporta son alarmantes: un incremento del 30% en los precios y una caída de la oferta de entre un 20% y un 30%
Menos oferta y precios más altos
Los datos reflejan una situación crítica que sufren miles de ciudadanos. La drástica reducción de la oferta ha llevado a escenarios de competencia extrema, como el que se vive en Barcelona, donde se registran 444 personas por cada piso que sale en alquiler.
Este fenómeno no solo evidencia la presión sobre el mercado, sino que también ilustra las enormes dificultades que encuentran los inquilinos para acceder a una vivienda.
La ley de vivienda ha conseguido justo el efecto contrario del que querían los políticos»
Abogado
Un cúmulo de políticas fallidas
Sánchez subraya que la ley de vivienda no es la única responsable de este caos. En su análisis, apunta a un conjunto de medidas que han agravado el problema.
Entre ellas, destaca «la imposibilidad de desahuciar a personas vulnerables durante 5 años» y la limitación de la subida de los precios del alquiler que se ha mantenido durante tres años consecutivos, generando una gran inseguridad entre los propietarios.
Además, el experto critica duramente un «real decreto horriblemente mal redactado» que, según explica, «carga con 2 años de prórroga a los propietarios«.
A esto se suman otras «lindezas» que introdujo la ley, como la creación de zonas de mercado residencial tensionado donde se impone un tope a la renta, o la actualización de los contratos con un índice que siempre es inferior al IPC.
La culpa no es de los grandes fondos que tienen entre un 2 y un 8% del mercado inmobiliario»
Abogado
El propietario, la clave de la ecuación
La tesis central de Sánchez es que el mercado se contrae por la excesiva presión regulatoria sobre los arrendadores. «Si proteges al inquilino a costa del propietario, lo único que vas a conseguir es que los propietarios saquen su vivienda de alquiler», afirma.
Esta dinámica, lejos de beneficiar a los arrendatarios, les perjudica directamente al reducir drásticamente el abanico de opciones y encarecer las existentes.
El experto también desmonta uno de los argumentos más recurrentes en el debate público: el papel de los grandes tenedores.
«La culpa no es de los grandes fondos, que tienen entre un 2% y un 8% del mercado inmobiliario», sentencia.
En su lugar, responsabiliza a «los políticos que intentan hacer caridad con la propiedad ajena», a quienes acusa de no entender las reglas básicas del mercado inmobiliario.
El resultado final es un círculo vicioso en el que las políticas diseñadas para proteger a los más vulnerables acaban por perjudicarles, al contraer la oferta de vivienda de una manera drástica.
El debate que plantea Sánchez pone sobre la mesa dos modelos opuestos: seguir interviniendo el mercado con «políticas absurdas que no sirven de nada» o, por el contrario, devolver la confianza y la seguridad jurídica a los propietarios para que la oferta vuelva a crecer.
