La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las viviendas protegidas en Les Naus ha pedido a la jefa de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Paloma Romero, los correos originales de los primeros informes donde alertaba del escándalo. El objetivo es aclarar el momento en que desaparecieron del documento las alusiones a cargos concretos del Consistorio implicados en el escándalo. La decisión se ha adoptado a instancia de las acusaciones populares que ejercen el PSOE, a través del abogado Fernando Cazorla, y Ciudadanos, a través de los abogados Eduardo García-Ontiveros y Mari Carmen Peris, tras la declaración en el juzgado como testigo de la autora del informe que llamaba la atención por la coincidencia de apellidos entre los agraciados por los pisos protegidos. La funcionaria no supo aclarar cómo desaparecieron esos nombres del informe que ella finalmente remitió al vicesecretario, Germán Pascual, aunque en su declaración ante la jueza apuntó a que podía deberse a que estaba escrito en Word y, por lo tanto, el documento podía haber sido alterado.
Las acusaciones pidieron que se aportaran estos correos a fin de rastrear en qué momento de la cadena se produjo la supresión de los nombres. El escrito pasó de señalar a personas específicas y advertir de posibles consecuencias para la administración local, a descargar de responsabilidad al ejecutivo municipal y evitar acusaciones a los vinculados con Les Naus. Entre los investigados por estos hechos se encuentran la que fuera concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, vecina de la urbanización; la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino con casas en el residencial; así como los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, también adjudicatarios. Esta última además es la pareja del técnico de la Generalitat que visó los expedientes, incluido el de ella.
El informe de Patrimonio que avisó al gobierno de Luis Barcala del escándalo de las viviendas protegidas se «suavizó» una vez iniciada la investigación interna ordenada por el alcalde tras conocer su entorno que este diario iba a desvelar el tema. El primer documento apuntaba directamente a adjudicaciones relacionadas con la entonces concejala de Urbanismo la que fuera directora general y actual jefa de Contratación y uno de los arquitectos municipales investigados. Sin embargo, después de que el dirigente popular solicitase la apertura de un expediente de averiguación de hechos, el departamento municipal presentó a dicho expediente un segundo escrito, eliminando toda alusión específica a cargos del Consistorio.
Cambios
El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios «vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato», se considera que «podría conllevar la exigencia de responsabilidades» a dichas personas, así como «afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal». Además, si bien se indicaba que «la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento», sí se avisaba de que el Consistorio «debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia».
Sin embargo, después de que el alcalde ordenase al vicesecretario la apertura de un expediente de averiguación interno, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor (en esta ocasión sí por registro oficial) de un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que «figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato».
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