La abogada madrileña Leticia de la Hoz recibió el pasado viernes una llamada telefónica del empresario Federico Lledó, propietario y principal ejecutivo de Summer Wind. En las 72 horas transcurridas desde el auto del juez José Luis Calama hasta ese viernes, una compañía real —su empresa aeronáutica, con 50 empleados— se había convertido en una empresa instrumental para canalizar dinero cuyo destinatario final sería, según el esquema de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), asumido por el juez instructor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
—Tenemos un problema —le explicó Lledó a la abogada—, y es que es al revés.
Summer Wind (Viento de Verano, en inglés) había pagado a Plus Ultra 3.450.000 euros. Sin embargo, el auto recogía, UDEF dixit, que Plus Ultra había pagado 3,9 millones a Summer Wind. La abogada recibió una amplia documentación enviada por Lledó para presentar ante la Audiencia Nacional.
Federico Lledó. / EP
De la Hoz, tras leer el auto del juez Calama y revisar los datos remitidos, entendió de qué iba el asunto:
—El dinero del rescate se queda en parte en Plus Ultra y otra parte va pasando de sociedad en sociedad hasta que acaba en Julito Martínez y termina en Zapatero. Pasa de empresa en empresa. Y una de esas empresas pantalla es Summer Wind. Pero no hay un solo pago de Plus Ultra a Summer Wind; al contrario, es esta la que paga a la primera después de contratarla. Y dicen que son 3,9 millones, pero es mi cliente, Summer Wind, quien paga a Plus Ultra 3.450.000 euros.
Según ha explicado la abogada, Julito Martínez Martínez prestaba servicios para Summer Wind, empresa que trabaja en el sector aéreo desde 1999. Martínez Martínez se dedicaba a conseguir clientes para compañías aeronáuticas y vuelos chárter, cobrando por ello una comisión. Tanto Lledó como Martínez son de Alicante.
Leticia de la Hoz. / EP
El lunes pasado, Leticia de la Hoz presentó un escrito en la Audiencia Nacional con 69 documentos en los que acredita la falsedad de la afirmación contenida en el auto del juez Calama, basado en uno de los informes de la UDEF. La Policía cita un informe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) para presentar a Summer Wind como una de las empresas pantalla.
Lledó, según su letrada, no da crédito.
—¿Una sociedad pantalla con actividad, unos cincuenta empleados, y una empresa que es la número uno en ‘brokerage’ de aviones? —se pregunta la abogada.
Pero la de Summer Wind no ha sido la única puntualización sobre el auto y los informes de la UDEF. La empresa Thinking Heads (TH) ha emitido un comunicado porque aparece ampliamente citada tanto en los informes de la UDEF como en el auto del juez Calama.
Madrid. 04.12.2025. Daniel Romero-Abreu, Presidente de Thinking Heads. / José Luis Roca / EPC
Propiedad de Daniel Romero Abreu, el comunicado señala que “el auto no incluye a Thinking Heads entre las sociedades que presuntamente forman parte de la trama delictiva”. Y añade: “La relación de TH con Zapatero ha estado vigente desde el año 2014, vinculada a servicios de consultoría, conferencias y servicios editoriales, al igual que otras relaciones similares establecidas con más de cuarenta exprimeros ministros y expresidentes de España, Europa y Latinoamérica desde 2003, año de constitución de la empresa».
Fuentes próximas a la compañía señalan que los cuatro expresidentes del Gobierno de España trabajan con TH: Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras la “trama Zapatero” -con joyas halladas en su oficina de la calle Ferraz- ya es, según algunos medios, un hecho y se justifica con múltiples “indicios” —en lo que, según se argumenta, es solo el comienzo de la investigación—, la realidad es que la instrucción de esta causa llevaba más de un año antes de “explotar” el pasado martes 19 de mayo. Todo ello bajo secreto sumarial, aunque con filtraciones políticas en las cuales el Partido Popular habría tenido una posición privilegiada.
Pero la importancia de los “indicios”, en abstracto, es relativa. El principal agujero de esta instrucción está en el delito de tráfico de influencias que se imputa a Zapatero. Para este delito (artículo 429 del Código Penal), resulta necesario, ya desde el inicio de la investigación, exponer —aunque no probar todavía en esta fase— cómo actuó el expresidente. En qué consistió su capacidad de influencia para conseguir el crédito para Plus Ultra y sobre quién o quiénes, con potestad para concederlo, habría ejercido dicha influencia.
En este sentido, la investigación sigue siendo, como se dice en el lenguaje anglosajón, una ‘fishing expedition’, es decir, una investigación prospectiva.
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