El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y al miembro de la organización terrorista Xabier Zabalo Beitia, quienes cumplen sus penas en la prisión de Martutene.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha informado en un comunicado de la concesión de estos dos terceros grados, que ha confirmado el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, de quien dependen las prisiones del País Vasco.
Olarra Guridi, sobre quien recayeron varias condenas que suman más de 2.000 años de cárcel, ya podía salir de prisión desde el año pasado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
En el caso de Xabier Zabalo, el Gobierno Vasco le concedió el tercer grado por primera vez el 21 de febrero de 2025, pero la Fiscalía recurrió y el juez revocó la progresión de grado, por lo que volvió a prisión.
Covite ha calificado estos dos terceros grados como «fraudulentos», ya que no se les ha exigido un «arrepentimiento real, público y verificable», al tiempo que ha pedido la dimisión de la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José.
El colectivo presidido por Consuelo Ordóñez ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estos dos nuevos terceros grados. Según esta organización, Olarra Gurudi, quien fue jefe del aparato militar a principios de los 2000, tiene que cumplir un tiempo efectivo de pena de 30 años, que finalizaría en 2036.
En 2007 fue condenado, junto con su pareja, Aihnoa Mugica, a 1.253 años de cárcel por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en el barrio madrileño de Vallecas en el que fallecieron seis personas.
Además, en 2011 la Audiencia Nacional lo volvió a condenar a 1.000 años por ordenar el atentado perpetrado el 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera, en el que hubo 95 heridos aunque este resultó ileso.
«Amnistía encubierta»
Por su parte, Zabalo, natural de Zumarraga (Gipuzkoa), fue detenido el 31 de mayo de 2002 en Burdeos, acusado de haber formado parte de varios comandos de ETA, entre ellos el Behorburu, que se dedicó a la preparación y colocación de coches bomba, y el Bolueta.
Fue condenado a 208 años de prisión por la colocación de un coche-bomba en un hotel de Salou (Tarragona), el 18 de agosto de 2001, un atentado que hirió a una veintena de personas. También cumple otra condena de 20 años de cárcel por intentar asesinar a un concejal del PSE-EE en La Arboleda (Bizkaia), el 22 de enero de 2001.
Para Covite, estas dos nuevas progresiones de grado constituyen «un nuevo episodio de la amnistía encubierta» a los presos de ETA impulsada por el Gobierno Vasco, que emplea los terceros grados y el artículo 100.2 «como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA».
Covite ha destacado que la actuación del Departamento de Justicia está siendo desautorizada por decisiones judiciales recientes, que han revocado la concesión de la aplicación del 100.2 a Soledad Iparragirre, Anboto, y a José Ramón Carasatorre.
«Esta política se sostiene -denuncia esta asociación- sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento». «Los recientes autos del juez José Luis Castro han confirmado el carácter instrumental de estos escritos, redactados en algunos casos inmediatamente antes de la concesión de privilegios penitenciarios», destaca.
