El Gobierno ha salido al paso de las dudas sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, por el que se ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo que la compañía “cumplía los requisitos” al tratarse de una compañía que formaba parte de un sector estratégico. “Así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector”, señalan fuentes de Moncloa para concluir que “las ayudas responden a un procedimiento administrativo”. Con ello tratan de diluirse responsabilidades ante un presunto tráfico de influencias, alegando en todo momento que el procedimiento respondió a criterios técnicos.
La compañía recibió un préstamo por importe de 53 millones de euros que según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama estaría en el origen de una comisión del 1% a un testaferro del expresidente socialista por favorecer las gestiones. Frente a ello, en el Ejecutivo defienden que “la adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación”. La normativa, añaden, “exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”.
La resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor, que luego ratificó el Consejo de Ministros, se tomó en base a media docena de informes técnicos, según sostienen. “Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos”, apuntan.
Concretamente, sobre el expediente de Plus Ultra, se señala que fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI; contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos; fue revisado infructuosamente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y también por un perito judicial; analizado por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado; está incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda y ha sido objeto de puntual seguimiento por la Comisión Europea. Finalmente, se alega que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) avaló el régimen de ayudas.
El auto del juez apunta por su parte una presunta intervención del ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que le habría pedido Zapatero, para que la compañía accediera al rescate incumpliendo requisitos por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. De hecho, el PP ya ha avanzado que pedirá la comparecencia del exministro en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado. Frente a ello, fuentes de este ministerio vuelven a aludir a criterios “estrictamente técnicos” en la tramitación de los aplazamientos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
«Más de 137.000 aplazamientos”
En el contexto de la pandemia, además, señalan la generalización de este procedimiento, cuando se habrían concedido “más de 137.000 aplazamientos”. De hecho, las mismas fuentes explican que los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de forma automática, “sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto”.
Sobre la concesión del aplazamiento en concreto a Plus Ultra, en el ministerio de Seguridad Social aseguran que “se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo”. Asimismo, explican que “todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago”. Para recibir un aplazamiento, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías.
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