La jefa de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Paloma Romero, asegura que no recuerda por qué se suprimió en el informe oficial sobre el escándalo de Les Naus destapado por INFORMACIÓN las alusiones a cargos concretos del Consistorio, que sí aparecían en un primer documento enviado al alcalde, Luis Barcala. El escrito pasó de señalar a personas específicas y advertir de posibles consecuencias para la administración local, a descargar de responsabilidad al ejecutivo municipal y evitar acusaciones a las personas vinculadas con Les Naus.
La funcionaria, que está citada este miércoles como testigo en el caso de Les Naus, ha comenzado su declaración en torno a las 9:30 horas y ha finalizado a las 11:50, más de dos horas después. Según fuentes presentes en la sala, Romero ha indicado, entre otras cuestiones, que no habría permitido participar en el expediente al arquitecto municipal Francisco Nieto si hubiera sabido que era uno de los beneficiarios de viviendas protegidas en la polémica promoción.
Del mismo modo, sobre el procedimiento ha señalado que los contratos privados siempre los gestionaba la todavía jefa del servicio, María Pérez- Hickman, que es una de las imputadas del caso y cuenta con dos hijos y un sobrino entre los vecinos de Les Naus. Además, ha incidido en que entre julio de 2022 y julio de 2025 no había nadie nombrado por el Ayuntamiento para controlar técnicamente la obra, pese a que fue solicitado en numerosas ocasiones, incluso mediante la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, también imputada.
Cambios en el informe
El informe de Patrimonio que avisó al gobierno de Luis Barcala del escándalo de las viviendas protegidas se «suavizó» una vez iniciada (por orden del alcalde tras conocer su entorno que este diario iba a desvelar las polémicas adjudicaciones) la investigación interna. El primer documento apuntaba directamente a adjudicaciones relacionadas con la entonces concejala de Urbanismo, la que fuera directora general y actual jefa de Contratación o uno de los arquitectos municipales investigados. Sin embargo, después de que el dirigente popular solicitase la apertura de un expediente de averiguación de hechos, el departamento municipal presentó a dicho expediente un segundo escrito, eliminando toda alusión específica a cargos del Consistorio.
El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios «vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato», se considera que «podría conllevar la exigencia de responsabilidades» a dichas personas, así como «afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal». Además, si bien se indicaba que «la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento», sí se avisaba de que el Consistorio «debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia».
Sin embargo, después de que el alcalde, Luis Barcala, ordenase al vicesecretario Germán Pascual la apertura de un expediente de averiguación interno, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor (en esta ocasión sí por registro oficial) un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que «figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato».
Tras verse suavizado el contenido inicial del escrito municipal, las conclusiones del expediente de averiguación de hechos abierto a petición de Barcala señalaron que «Rocío Gómez no ha intervenido en los mismos [expedientes administrativos], no suscribiendo documento o acto administrativo alguno», a pesar de que el primer informe de Patrimonio sí constataba la presencia de la concejala popular en «reuniones» y en «la concesión de licencias para la modificación del proyecto», además de que también señalaba que intervino en la sustitución del técnico responsable del contrato, como consta en el acta de la correspondiente reunión de la Junta de Gobierno Local. Del mismo modo, el vicesecretario general también concluye que el arquitecto municipal aludido en el primero de los archivos de Patrimonio «no ha intervenido en el procedimiento», pese a que llegó a ser propuesto como supervisor del mismo, en un nombramiento que se evitó, según Patrimonio, «en cumplimiento de las directrices dadas por la concejala de Urbanismo».
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