El pasado sábado un hombre de 31 años embistió con su coche a siete personas en Módena e hirió a otra con un cuchillo. Una de ellas sigue luchando por su vida. El agresor no tenía antecedentes penales, era licenciado, estaba sin trabajo y había recibido tratamiento psiquiátrico. Ese retrato, tan común como inquietante, ha bastado para desencadenar en pocos días una inusual polémica que está llenando programas de televisión e involucra a especialistas y políticos: la salud mental en Italia, una cuestión que rara vez aparece en la agenda política de un país que dedica a ella menos del 3% del gasto sanitario.
La razón está en el perfil del agresor, S.E.K., nacido en Italia de padres marroquíes, que padecería de un trastorno esquizoide y paranoide, patologías que generan manías persecutorias, según los expertos. Tanto que, durante al menos dos años, hasta 2024, tuvo seguimiento de los servicios de salud mental, a los que él mismo había acudido al sentirse perseguido, según han confirmado las autoridades italianas. Posteriormente, habría abandonado voluntariamente el tratamiento y el sistema perdió su rastro. Todo ello a pesar de que ya entonces habrían existido «fuertes señales de inestabilidad mental».
Ahí está la herida. El sistema italiano se sustenta en la llamada Ley Basaglia, la histórica norma de 1978 que cerró los manicomios en Italia, y se funda en el principio del consentimiento. Eso significa que un adulto no sometido a medidas específicas y considerado capaz de tomar decisiones por sí mismo puede elegir dejar de tomar la medicación, no acudir a las citas o abandonar su tratamiento terapéutico. Existen excepciones, entre ellas el llamado Tratamiento Sanitario Obligatorio, pero este solo se aplica en situaciones de urgencia extrema y requiere la autorización del alcalde del municipio de residencia del enfermo. Ese es el primer foco de la polémica.
Insuficientes psiquiatras
El contexto, sin embargo, es más complicado. Según el tercer informe del Grupo de Trabajo sobre Equidad y Salud en las Regiones del Instituto Superior de Sanidad, publicado en febrero de 2026, los servicios de salud mental están presentes en todo el territorio nacional pero sufren deficiencias estructurales, a partir de la baja financiación: la inversión per cápita italiana se encuentra entre las más bajas de Europa, y la dotación de personal en los Departamentos de Salud Mental es casi un 30% inferior a los estándares fijados por la Agencia Nacional para los Servicios Sanitarios Regionales.
Los números son elocuentes: hay 845.516 usuarios atendidos en Italia, pero sobre ellos gravitan problemas como las largas esperas, que empujan a muchos a abandonar el tratamiento, o a no iniciarlo siquiera. En 2024, el déficit de personal ascendía a 33.142 profesionales entre psiquiatras (un 14,5% menos de los necesarios), psicólogos (7%) y enfermeros (37%), además de técnicos de rehabilitación psiquiátrica y trabajadores sociales. Para el Colegio Nacional de Directores de los Departamentos de Salud Mental, los profesionales de los centros de salud mental son unos 25.000, equivalentes a 55 por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar acordado en la Conferencia Estado-Regiones es de 83 por cada 100.000. Y en los últimos años han disminuido tanto las estructuras territoriales como las residenciales y semirresidenciales, un dato que alimenta el debate sobre la capacidad del sistema para hacer un seguimiento continuado de los pacientes más frágiles incluso después de que interrumpan voluntariamente el tratamiento.
La pelea política
La situación mental del agresor fue expuesta primero por su abogado defensor, Fausto Gianelli, mientras que sus padres han afirmado que no conocían los problemas mentales de su hijo. En cambio, los fiscales a cargo, por el momento, descartan la incapacidad para justificar la gravedad de su comportamiento, aunque sí han aceptado una pericia psicológica.
Desde Bruselas, el eurodiputado Stefano Bonaccini, expresidente de la región de Emilia-Romaña, donde ocurrieron los hechos, fue de los primeros en poner el asunto sobre la mesa. «Lo ocurrido ha sacudido las conciencias y el miedo se ha apoderado de todos. Hay que elevar el nivel de seguridad, empezando por la protección de los espacios públicos, y también hacer mucho más en materia de salud mental«, ha dicho Bonaccini. Tonos aún más encendidos han sido los de Cristina Guarda, eurodiputada italiana de los Verdes. «No ha sido terrorismo ni radicalización, sino una dramática y gravísima crisis psíquica fruto del aislamiento y el abandono. Mientras tanto, Italia destina a la salud mental solo el 2,7% del gasto sanitario», ha afirmado.
Muchos psiquiatras, sin embargo, también advierten del peligro de establecer vínculos automáticos entre enfermedad y violencia. Es la posición del psiquiatra Massimo Cozza. «El trastorno esquizoide de personalidad, como los trastornos psiquiátricos en general, no lleva en sí mismo a impulsos violentos. Hay que evitar asociaciones automáticas entre un diagnóstico psiquiátrico y comportamientos extremos, porque el riesgo es alimentar confusión y estigma. Más bien al contrario: quien sufre trastornos mentales es con mucho mayor frecuencia víctima que autor de violencia», ha afirmado, entrevistado por el medio digital FanPage. «Decir paciente psiquiátrico no es lo mismo que decir sujeto peligroso y violento«, ha coincidido el también psiquiatra Francesco Ottaviani.
Sin embargo, desde la derecha, hay rechazo. «El agresor de Módena decía que quería quemar cristianos», ha afirmado Stefano Cavedagna, de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni. Aún así, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, y las autoridades judiciales han descartado hasta ahora la hipótesis terrorista, y también el intento de la Liga de Matteo Salvini de volver a poner en el centro del debate público su retórica antiinmigración ha sido casi completamente archivado.
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