El de Plus Ultra no es un nombre desconocido en Canarias. Es decir, no lo era desde antes de quedar ligado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Plus Ultra no solo es la aerolínea con la que cruzan el Atlántico isleños y venezolanos en uno y otro sentido –la comunidad bolivariana del Archipiélago es de las más numerosas de España por los años de emigración masiva desde Canarias al entonces próspero país sudamericano–, sino también la protagonista de negocios ‘turbulentos’ allá por 2020, en los primeros meses –los más duros– de la pandemia de la covid.
Fue entonces cuando la compañía, que acabaría siendo rescatada por el Estado a través de una más que polémica inyección de 53 millones apenas un año después, ejecutó dos encargos del Gobierno de Canarias para traer material sanitario anticovid –mascarillas y otro equipamiento médico– desde China. Una operación que hizo célebre el Ejecutivo regional, entonces presidido por el hoy ministro Ángel Víctor Torres, al presentarla como histórica por su complejidad y la distancia recorrida.
Contratos a dedo
Para ello, eso sí, el Servicio Canario de Salud (SCS), parte del organigrama de la Administración autonómica, tuvo antes que adjudicar a dedo sendos contratos para cada uno de los dos vuelos que acabaría por hacer Plus Ultra. Y el ‘acabaría’ no es aquí casual, toda vez que la adjudicataria de ambos contratos fue en realidad One Airways, una aerolínea que, sin embargo, no tenía los permisos necesarios para cubrir rutas de tanta distancia. El SCS, por tanto, le adjudicó a dedo ambos contratos a una firma incapaz de ejecutarlos, con lo que esta acabó por ‘subcontratar’ a Plus Ultra.
Fue la compañía vinculada al chavismo la que en abril y mayo de 2020 trajo material sanitario desde China
Hay que recordar que por aquel entonces, en abril de 2020 –solo un mes después de que se declarase el estado de alarma nacional–, la competencia por hacerse con material sanitario anticovid era brutal. Es en ese contexto en el que el Gobierno de Canarias, el del pacto de las flores, activa la vía de emergencia y prescinde así de la tramitación digamos ordinaria de ambos encargos; o dicho de otro modo: los adjudica a dedo. ¿Fue algo ilegal? No, pero así se resolvieron ambos contratos –a dedo–, una práctica que se generalizó por las instituciones de todo el país, con la excusa de la premura y la emergencia, y que dio lugar a múltiples irregularidades, algo que ha corroborado, sin ir más lejos, el propio Tribunal de Cuentas.
Un caso singular
Más singular –o del todo singular– fue, en cambio, que la adjudicataria resultase ser una compañía aérea sin capacidad para llevar a cabo la encomienda. Una One Airways que ganaría más ‘celebridad’ si cabe por el proyecto de Canarian Airways, la frustrada aerolínea con la que un grupo de empresarios tinerfeños intentó zafarse de la dictadura de los turoperadores –un tan ambicioso como incierto proyecto para el que el Cabildo de Tenerife, entonces con el PSOE al frente, incluso estaba dispuesto a aportar fondos–. Cuando esta operación se anunció en el mismo salón Noble de la corporación insular tinerfeña, One Airways ni siquiera tenía permisos para operar aviones de mayor tamaño. Ni esto le resultó un obstáculo para enrolarse en el proyecto de Canarian Airways ni su incapacidad para ejecutar los contratos del SCS le impidió hacerse con los mismos. En este último caso, claro, con la ayuda de Plus Ultra.
Cadena de encomiendas
Al frente de One Airways está, o lo estaba por entonces, el empresario Óscar Trujillo, con orígenes venezolanos, los mismos orígenes de buena parte de los inversores con intereses en Plus Ultra. Inversores que han sido relacionados con el chavismo, con el que a su vez se relaciona al expresidente Rodríguez Zapatero desde antes de que la Justicia ordenase este martes registrar su despacho y la empresa de sus hijas.
El caso es que One Airways subcontrató a una Plus Ultra –Trujillo aseguró en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias que primero contactó con Iberia y que la controvertida aerolínea hispanovenezolana fue en verdad su segunda opción– que desde entonces no ha hecho más que ganar notoriedad, a su pesar, también más allá del Archipiélago. De hecho, en diciembre del año pasado fueron detenidos Julio Martínez Martínez –amigo de Zapatero y asesor de Plus Ultra–; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; el consejero delegado Roberto Roselli; y, entre otros, también el banquero peruano Luis Felipe Baca, todos puestos en libertad 48 horas más tarde.
Plus Ultra fue subcontratada por la adjudicataria One Airways, que ni siquiera tenía capacidad para ejecutar el encargo
Pero, de vuelta a las operaciones en Canarias, todo se cerró entre venezolanos: por un lado, Óscar Trujillo; y, por otro, Plus Ultra, que entonces tenía el 47,2% de su capital social bajo el control de SNIP Aviation, en cuyo consejo figuran o figuraban los empresarios, también venezolanos, Rodolfo José Reyes, Raif El Arigie y el susodicho Roberto Roselli. Tres inversores que gestionaron negocios amparados por el régimen del ahora detenido expresidente Nicolás Maduro.
Fueron los días 11 de abril y 16 de mayo de 2020 cuando Plus Ultra trajo el material sanitario de China a las Islas en aquellos dos vuelos directos contratados por el Gobierno de Canarias. Los dos primeros vuelos directos de la historia entre el Archipiélago y el gigante asiático. El SCS, entonces dirigido de manera interina por Antonio Olivera –fue nombrado el 27 de marzo por el Consejo de Gobierno para sustituir a Blanca Méndez tras la destitución de la consejera de Sanidad Teresa Cruz–, gastó algo más de 1,1 millones en ambas encomiendas.
Una operación que defienden como necesaria
Desde el equipo entonces al frente del SCS y desde el mismo pacto de las flores se ha defendido siempre la imperiosa necesidad de aquellos encargos a One Airways que acabaría por ejecutar Plus Ultra. Y es cierto que el material sanitario llegó en tiempo y forma pese a la complejidad de un vuelo directo de tantísima distancia. Fueron estos dos elementos –la urgente necesidad de contar con mascarillas y demás equipamiento para la lucha contra la covid y la disposición del binomio One Airways-Plus Ultra para llevar a cabo una operación que otras aerolíneas no estaban en condiciones de ejecutar– los que en última instancia llevaron al SCS a adjudicar por vía de emergencia y sin publicidad, al amparo de una excepción aprobada por el Estado que permitía a las comunidades la compra de materia sin seguir los cauces administrativos ordinarios, los dos controvertidos contratos. Esa ha sido siempre la versión de aquel Gobierno de Canarias.
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