El PP logró este martes que el Congreso admitiese a trámite su nueva ley antiokupas después de que la Mesa presidida por Francina Armengol haya vetado durante más de dos años la que salió del Senado.
La Cámara Baja aprobó la toma en consideración de una versión «actualizada» de aquella proposición orgánica con los votos de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Pero sobre todo, gracias a la abstención de Junts y PNV, socios de investidura de Pedro Sánchez.
La operación supone un doble revés para la presidenta del Congreso y para el Gobierno, que habían «mantenido en el congelador» la ley original, procedente de la Cámara Alta, mediante 86 prórrogas consecutivas del plazo de enmiendas.
La maniobra de los populares permite reabrir el debate sobre una iniciativa que el PP sacó adelante en el Senado en febrero de 2024 y que desde entonces dormía en un cajón de la Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Sumar.
Aquella primera ley nunca llegó siquiera al Pleno por decisión de Armengol, «a las órdenes de Sánchez», según fuentes populares, «porque había votos para sacarla adelante y legislar por encima del Ejecutivo».
Ahora, el Grupo Popular ha forzado una nueva vía: registrar en el Congreso un texto muy similar, endurecido en puntos clave, que la mayoría del hemiciclo no ha querido volver a bloquear.
Política y sociedad
La toma en consideración salió adelante por 171 votos a favor y 11 abstenciones, pese a la oposición de los socios habituales del Gobierno, menos los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que facilitaron el avance de la iniciativa contra el criterio del Ejecutivo
El PP se apuntó así una victoria parlamentaria de alto contenido simbólico, con la que pretende exhibir aislamiento del Ejecutivo en plena preocupación social por la vivienda y la inseguridad vinculada a la okupación de inmuebles.
Los partidos que sostienen a Sánchez en La Moncloa se vieron así desbordados en un terreno especialmente sensible en términos de opinión pública, el de la respuesta a la ocupación ilegal. El rechazo lo lideraron PSOE y Sumar, acompañados por ERC, Bildu y el resto de los grupos del llamado bloque plurinacional.
Todos ellos defendieron que la norma supone un endurecimiento «ideológico» del tratamiento penal de la okupación y alertaron de su impacto sobre situaciones de vulnerabilidad habitacional.
El TC ya lo condenó
El PP insiste en que la presidenta del Congreso ha usado la Mesa como dique de contención para evitar «sonoras derrotas parlamentarias» al Gobierno, al bloquear no solo esta ley, sino decenas de iniciativas procedentes del Senado o de la oposición. La abstención de Junts y PNV, esta vez, dinamitó ese muro de contención.
El caso de la ley antiokupación del Senado se ha convertido en símbolo de una práctica parlamentaria que el Tribunal Constitucional ha censurado con dureza.
La Mesa del Congreso había prorrogado hasta en 86 ocasiones el plazo para presentar enmiendas a esa proposición, la última vez la semana pasada, sin justificarlo más allá de la aritmética interna de sus miembros.
En abril, el Constitucional dictó un fallo unánime dando amparo al PP al declarar que la prórroga sistemática de plazos de enmiendas, sin motivación, «obstruye el proceso legislativo».
Los magistrados ampararon a diputados del PP frente a una decisión de la Mesa de 2020, pero subrayaron que esa forma de proceder vacía de contenido el derecho de participación parlamentaria.
Fuentes del PP subrayan, además, que «ni siquiera este TC tan politizado de su lado» ha podido pasar por alto el «filibusterismo sanchista de larga data».
Recuerdan que «hoy siguen congeladas más de 130 iniciativas legislativas» mediante la misma técnica de ampliar enmiendas, semana tras semana, «con la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa». A su juicio, la votación de este martes demuestra que, cuando los textos llegan al Pleno, «el Gobierno pierde la mayoría en asuntos clave».
Ley más dura
En el plano material, la nueva ley antiokupas que arranca su trámite en el Congreso endurece el marco penal y procesal ante la ocupación ilegal de inmuebles.
El PP ha incorporado a su proposición la reforma del artículo 172.1 del Código Penal para blindar el corte de suministros como herramienta de presión de los propietarios: la interrupción del agua o la luz en una vivienda ocupada “en ningún caso” podrá considerarse delito de coacciones. Además, se agravan las penas cuando la coacción tenga por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
El texto refuerza también el artículo 245 del Código Penal, que regula la usurpación de bienes inmuebles. Para quien ocupe sin autorización inmuebles que no sean morada, sólo se contemplan penas alternativas si el ocupante desaloja voluntariamente el inmueble en las 24 horas siguientes al requerimiento, frente a las 48 horas de la versión inicial aprobada en el Senado.
Otro de los puntos duros del proyecto se dirige contra quienes fomentan las ocupaciones, es decir, quienes señalen pisos, difundan manuales o elaboren instrucciones para ocupar inmuebles.
La respuesta penal contra estas conductas pasa a integrarse en la estructura general de participación en el delito, lo que abre la puerta a castigos más altos. Los populares insisten en que se trata de perseguir a las mafias de la okupación más que a perfiles de exclusión social.
En el terreno procesal, la ley incorpora un mecanismo de desalojo exprés. El juez de instrucción podrá ordenar a la Policía que requiera a los ocupantes para que acrediten en 24 horas un título legítimo sobre el inmueble y, si no lo hacen, decretar el lanzamiento cautelar, con especial cuidado en los casos con menores o vulnerables.
La iniciativa también refuerza el papel de las comunidades de propietarios frente a la okupación. Se amplía su capacidad para acudir a los tribunales y pedir el lanzamiento inmediato de ocupantes ilegales que realicen actividades molestas, insalubres o ilícitas.
También se les reconoce expresamente la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el tapiado de puertas y ventanas o la instalación de sistemas antiocupación en viviendas vacías. Con ello, el PP busca vincular la ley no solo a la protección de la propiedad, sino a la convivencia vecinal y a la seguridad en los barrios.
En el ámbito administrativo, la proposición refuerza el veto al uso de la okupación como vía para obtener derechos.
La inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal será nula de pleno derecho y «no producirá ningún efecto», de modo que no podrá utilizarse para acreditar residencia ni para acceder a prestaciones.
El mensaje político que los populares quieren trasladar es que «la okupación no puede tener premio» mientras se mantiene la protección reforzada a deudores vulnerables en otros instrumentos legales. El Gobierno, por contra, sostiene que este enfoque introduce un sesgo punitivo que puede generar desprotección social.
