El gran apagón supuso un reto sin precedentes para la seguridad de todo el país. Un desafío histórico para medir la capacidad de resistencia y resiliencia de todos y de todo. Durante el último año se han desgranado todos los motivos técnicos que llevaron al cero eléctrico, y aún está pendiente DE determinar (o de repartir) las responsabilidades y de establecer quién o quiénes fueron los culpables.
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de Presidencia del Gobierno, evita en su esperado informe anual de 2025 entrar en las causas del episodio o auscultar los fallos de funcionamiento del sistema eléctrico. El órgano reconoce que la vulnerabilidad energética ha vuelto a subir en el escalafón de riesgos para la seguridad nacional tras el apagón, pero apenas hace una enumeración de las reformas legales aprobadas y los cambios operativos emprendidos para reforzar el sistema eléctrico.
El DSN sí analiza la respuesta dada en todos los ámbitos para mantener en funcionamiento y las carencias que hay que corregir en otros sectores de cara a futuras crisis. Y es que aquel día se interrumpió el normal funcionamiento de infraestructuras, comunicaciones, carreteras, trenes, aeropuertos, colegios, hospitales… La dependencia del suministro eléctrico puso en un brete -o directamente paralizó en algunos casos- a instalaciones de muy diferentes sectores económicos y distintos ámbitos institucionales o de los servicios públicos.
“El cero energético registrado el 28 de abril puso de manifiesto la exposición de determinados sistemas y la importancia de disponer de mecanismos eficaces de respuesta ante incidentes de gran impacto”, se subraya en el informe del órgano asesor de Moncloa. “El incidente subrayó la necesidad de contar con sistemas de alimentación ininterrumpida y fuentes de energía alternativa que garanticen la autonomía de las infraestructuras ante fallos en la red principal”.
Combustible para generadores
Los generadores de diésel permitieron el 28-A salvar el caos en muchas instituciones clave. Los autogeneradores de gasóleo consiguieron mantener en funcionamiento a hospitales, a los ministerios y otras administraciones públicas, compañías de sectores estratégicos, infraestructuras críticas e incluso a las propias centrales nucleares para.
Las Fuerzas Armadas, a través en particular de la Unidad Militar de Emergencias (UME), proporcionaron numeros apoyos a organismos civiles mediante la instalación urgente de grupos electrógenos y suministro de combustible para mantener el funcionamiento de organismos e instalaciones esenciales. Y la labor de Policía y Guardia Civil fue crucial para hacer llegar carburante para mantener en marcha generadores de diferentes servicios públicos y asegurar los suministros críticos.
“Si bien la respuesta coordinada, la activación de comités de crisis y la colaboración con las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado resultaron determinantes para limitar el impacto, la experiencia ha puesto de relieve áreas de mejora necesarias”, reconoce Seguridad Nacional. “Se ha hace imprescindible reforzar la autonomía energética, optimizar la gestión de combustible para equipos de emergencia, incrementar la resiliencia de las comunicaciones y perfeccionar la coordinación intersectorial ante incidentes de gran magnitud”.
La caída de las telecos
De facto, se puede considerar que el 28 de abril el apagón en España fue doble. Uno, el colapso eléctrico por el corte total del suministro de luz en toda la Península durante horas. Y otro, la caída del servicio de móviles y de internet de manera casi simultánea como consecuencia del primero. El cero eléctrico “evidenció que la resiliencia de las redes de comunicaciones constituye un elemento esencial para la gestión de crisis, al requerir canales robustos y redundantes que permitan mantener el control operativo y la capacidad de respuesta coordinada en escenarios de pérdida de suministro eléctrico”, subraya el DSN.
La gran mayoría de las redes y antenas de telecomunicaciones no estaban preparadas para seguir funcionando de manera autónoma durante cierto tiempo y se produjo un efecto en cadena. El Gobierno ya ha puesto en marcha la tramitación para aprobar una nueva regulación que obligará a grandes telecos y gigantes tecnológicos a blindar la seguridad y garantizar el funcionamiento de las redes de telecomunicación, de centros de datos y otras instalaciones -como cables submarinos, redes de satélites o redes de distribución de contenidos- en caso de apagón, de episodios meteorológicos graves como las danas, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o fallos informáticos y ciberataques graves.
El Ejecutivo pretende obligar a los operadores a que den garantías de que instalaciones esenciales de primer nivel puedan funcionar hasta 24 horas en caso de interrupción del suministro eléctrico, de que las instalaciones de nivel intermedio lo hagan al menos 12 horas, mientras que el resto de instalaciones de comunicaciones públicas deberán estar operativas al menos 4 horas de manera autónoma. Este último, elemento clave en plena resaca del gran apagón.
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