Al menos 2.707 personas fueron ejecutadas en 2025. Las cifras anuales recopiladas por Amnistía Internacional alertan de que las ejecuciones se concentraron en apenas 17 países y alcanzaron su nivel más alto desde 1981. Irán y Arabia Saudí encabezaron la lista de estados con más ejecuciones, en un contexto en el que las autoridades aumentaron la represión contra acciones consideradas amenazas para la seguridad nacional. También se documentaron ejecuciones en países como Irak, Corea del Norte, Yemen o Vietnam, así como en Estados Unidos, Egipto, Singapur y Kuwait.
Los datos no incluyen, sin embargo, las ejecuciones que, según Amnistía Internacional, lleva a cabo el Gobierno chino, ya que esta información permanece clasificada. Aun así, la organización sostiene que China es el país que más utiliza la pena de muerte, con miles de ejecuciones estimadas cada año por delitos que van desde el tráfico de drogas hasta casos de corrupción, delitos económicos o supuestos ataques contra el régimen.
En total, las ejecuciones aumentaron un 78% respecto a las 1.518 registradas el año anterior, aunque la aplicación de la pena capital se concentra en tan solo 17 países. “Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Irán, el país con más ejecuciones
En Irán, donde se produjeron 2.159 ejecuciones, las autoridades instensificaron el uso de la pena de muerte como instrumento de represión tras la guerra de 12 días con Israel y las marchas Mujer Vida Libertad, que tuvieron lugar de septiembre a diciembre de 2022, en protesta al asesinato de la joven Jina Mahsa Amini mientras se encontraba detenida por la policía de la moralidad iraní.
Las cifras, que solo abarcan las ejecuciones en 2025, no contemplan las penas aplicadas con motivo de las protestas masivas del pasado enero, que colapsaron Teherán. El gobierno iraní cifró entonces en 3.117 el número de fallecidos por la violencia policial durante las manifestaciones, mientras que fuentes sanitarias estimaron que la cifra real podría ascender hasta los 30.000 muertos.
Con el pretexto de la seguridad nacional, además, Teherán aceleró los procedimientos judiciales para juzgar a aquellos que supuestamente apoyaran o colaboraran con Estados hostiles, entre ellos Israel, una tendencia que ha continuado desde los ataques conjuntos lanzados por Washington y Tel Aviv contra la República Islámica a finales de febrero.
Arabia Saudí pena el tráfico de drogas
Las ejecuciones que hizo públicas Arabia Saudí alcanzaron una cifra récord de 356. En su mayor parte, un 67% tuvieron que ver con el tráfico de drogas, un delito que el gobierno saudí considera una gran prioridad y que castiga con pena de muerte desde 1988. La mayoría de las personas ejecutadas eran ciudadanos extranjeros, que representaron el 78% de los condenados por delitos de drogas. Solo en junio, las autoridades llevaron a cabo 46 ejecuciones, 37 de ellas por este tipo de delitos, con víctimas procedentes de países como Egipto, Nigeria o Pakistán.
En 45 ejecuciones estuvieron presentes cargos relacionados con el terrorismo que en muchos casos afectaron a personas pertenecientes a la minoría chií del país que apoyaron protestas “contra el gobierno” entre 2011 y 2013. Amnistía Internacional denuncia que las ejecuciones no se ajustaron al criterio de que estas penas se restrinjan a los delitos de máxima gravedad, como un homicidio intencional, ya que incluyen casos no violentos como tráfico de drogas, robo o falsificación.
Violaciones del derecho internacional
Entre las ejecuciones documentadas, Aministía Internacional documentó vulneraciones de los estándares del derecho internacional en varios países. Al menos 17 ejecuciones públicas se llevaron a cabo en Afganistán e Irán, así como la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años en Irán y Arabia Saudí, una práctica prohibida por el derecho internacional.
La organización también señaló la imposición de condenas a muerte a personas con discapacidad intelectual en países como Estados Unidos y Japón, así como juicios que no cumplieron las garantías básicas del debido proceso en Estados como China, Egipto, Irak o Yemen. En varios casos, además, se utilizaron confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura, especialmente en Irán y Arabia Saudí, y se dictaron condenas en ausencia del acusado en países como Bangladesh o Sri Lanka.
A pesar del récord de ejecuciones registrado en 2025, la organización celebra el creciente aislamiento de los países que aún mantienen la pena de muerte. «Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte, en una potente demostración de humanidad compartida», zanja Callamard.
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