Todo empezó con una lista. No con una bandera ni con una marcha, sino con una clasificación. Durante décadas, la homosexualidad ocupó el lugar reservado a aquello que una sociedad considera trastorno, desviación o anomalía. En 1990, la OMS dejó de clasificarla como enfermedad mental. Una palabra salió del inventario médico. Sin embargo, muchas vidas siguieron atrapadas en otros archivos.
Pierre Seel no necesitó salir del armario para entrar en una lista. En 1939 denunció el robo de un reloj en un lugar de encuentro homosexual de Mulhouse y terminó inscrito por la policía francesa como homosexual sospechoso. Dos años después, con Alsacia bajo ocupación nazi, la Gestapo llamó a su puerta. No lo había delatado un discurso ni una militancia. Lo había delatado un archivo. Ese es el poder terrible de las listas: decidir qué existe, qué se nombra, qué se borra y qué vidas quedan convertidas en expediente antes incluso de poder hablar. Porque las listas no son solo papeles. Son máquinas de producir realidad.
Hubo listas penales, médicas, policiales, morales. Oscar Wilde fue llevado ante la ley, pero también juzgado por una sociedad que necesitaba convertir su deseo en signo de decadencia. Magnus Hirschfeld fundó en Berlín un Instituto de Sexología que reunió libros, fotografías, testimonios: vidas que buscaban dejar de ser pecado, delito o monstruosidad. En 1933, los nazis saquearon aquel archivo y quemaron sus libros. La hoguera ardía contra la posibilidad de que algunas vidas tuvieran nombre propio. Décadas después, en Estados Unidos, la caza de homosexuales durante la Guerra Fría —la llamada Lavender Scare— convirtió la vida privada en riesgo de seguridad nacional: se creía que quienes ocultaban su homosexualidad podían ser chantajeados y, por ello, convertirse en un riesgo para el Estado.
Después vino la lista médica. La homosexualidad como trastorno, diagnóstico, entrada en una clasificación. En 1973 salió del DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría. Fue una conquista enorme, pero no un final feliz. A veces lo que sale por la puerta de la medicina entra por la ventana de la cultura. La palabra desaparece de un manual, pero sobrevive como adoctrinamiento, protección de la infancia, sentido común, familia, seguridad.
Hoy las listas han cambiado de forma. En Italia pueden adoptar el idioma frío del registro civil: quién figura como madre, quién desaparece de un certificado, qué familia existe en papel. En la Hungría de Orbán hablaron como protección de la infancia: no perseguían —decían— a nadie, solo regulaban qué podía mostrarse a los menores. En Estados Unidos se sientan en consejos escolares y bibliotecas: cuando una sociedad ya no puede expulsar ciertos cuerpos, empieza retirando sus imágenes de las estanterías. En Rusia, la lista adoptó otro nombre: propaganda, extremismo. Cuatro formas de cambiar el nombre de la sospecha para que parezca defensa del orden.
Por eso la LGTBIfobia actual no necesita presentarse siempre como odio frontal. Muchas veces habla mejor cuando parece administrativa, pedagógica, familiar, prudente. El viejo diagnóstico ha aprendido modales nuevos: la enfermedad exigía tratamiento; la amenaza exige defensa.
También en Balears esas listas invisibles aterrizan en espacios cotidianos: un instituto, un mercado municipal, un autobús, una plaza, una playa. Antes del insulto, alguien ya había clasificado. Antes del golpe, alguien ya había decidido qué cuerpo sobraba, qué gesto provocaba, qué beso pedía castigo. La violencia no siempre irrumpe desde fuera de la vida común; a veces brota de sus permisos tácitos, de sus pedagogías del miedo.
Los datos ayudan a no convertir esa experiencia en impresión subjetiva. En 2024, el Ministerio del Interior registró en España 528 hechos de odio vinculados a la orientación sexual y la identidad de género. Pero ninguna estadística mide la otra contabilidad: la mano que se suelta, la ropa que se cambia, el camino que se evita. Hay listas oficiales. Y hay listas íntimas que nadie publica.
Por eso el lema internacional de este 17 de mayo —En el corazón de la democracia— acierta más de lo que parece. Una democracia no se mide solo por las leyes que aprueba, sino por las vidas que puede acoger sin traducirlas en amenaza.
Durante décadas se nos dijo que la gran imagen de la libertad era salir del armario. Y lo fue: significaba interrumpir la heterosexualidad obligatoria y arrancarle al silencio un nombre propio. Pero quizá el 17 de mayo nos obliga a dar un paso más. No basta con abandonar el armario si seguimos habitando el mismo sistema que necesita clasificar unas vidas como legítimas y otras como sospechosas. Se puede decir «soy» y escuchar cómo otros traducen ese «soy» en problema, ideología o anomalía tolerada.
La tarea pendiente no es solo hacer visible lo que fue expulsado o marginado de la esfera pública. Es retirar a los otros el poder de archivar nuestra existencia: que no puedan registrarnos como excepción, narrarnos como presencia incómoda ni tolerarnos solo bajo vigilancia.
El 17 de mayo no debería tranquilizarnos con la idea de que una enfermedad fue borrada de una clasificación. Debería inquietarnos con una pregunta más difícil: quién conserva todavía el poder de inscribirnos en sus listas. Porque la igualdad no consiste en mudarse a una casilla menos infame. Consiste en que ningún poder pueda convertir tu nombre en sospecha.
