Cuando se cumple un mes del inicio de la regularización extraordinaria de inmigrantes -se publicó en el BOE el 16 de abril-, el Ministerio del Interior tiene previsto reforzar las comisarías de Policía Nacional para hacer frente al aluvión de citas previas y tramitaciones que tendrán que afrontar en relación a este proceso, aunque por ahora no se ha concretado el número de agentes. Tanto los expertos como mandos del cuerpo policial temen que el sistema, ya de por sí saturado, acabe colapsando y no se pueda dar la respuesta idónea al ciudadano, ante la avalancha de peticiones previstas.
En este primer mes, ya son alrededor de 200.000 personas en toda España las que han presentado su solicitud de regularización, lo que supone un 40% de los expedientes que el Gobierno calcula que aprobará. Así lo explicó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, hace unos días en su última visita a Barcelona. De hecho, solo en la primera semana del proceso, ya habían tramitado sus documentos 130.000 personas.
En el marco de todo el proceso burocrático, La Policía Nacional se está encargando de digitalizar y unificar todos los certificados de antecedentes penales de todos los migrantes que intenten acogerse al proceso. También deben expedir las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE) que deberán solicitar las cerca de 500.000 personas que el Gobierno estima que accederán definitivamente al permiso de un año de trabajo y residencia previsto en la medida.
Abogados y entidades plantean que al aceptar la regularización se dé ya hora para el TIE, la llamada «cita de huellas»
Estos trámites llevan semanas preocupando al Cuerpo Nacional de Policía, que ve con intranquilidad cómo los plazos pueden provocar cantidades inasumibles de trabajo. También están inquietos abogados y entidades sociales que se ocupan de asesorar a los migrantes en este proceso, que empiezan a ver un posible cuello de botella en el proceso, que alargaría aún más la ansiedad de muchos inmigrantes por estabilizar su situación administrativa.
Citas por 300 euros
De hecho, los primeros efectos de la saturación ya se dejan notar en los portales para conseguir hora para solicitar el TIE, en lo que se conoce como la «cita de huellas». El plan de choque impulsado por el Gobierno para desencallar los expedientes de regularización por arraigo que ya estaban en el sistema antes del proceso extraordinario iniciado en abril ha hecho que sea todavía más complicado de lo habitual conseguir una de estas citas previas.
«Los locutorios se están poniendo las botas: ofrecen citas previas por 300 euros», asegura el director de LegalTeam, Guillermo Morales
«Los locutorios se están poniendo las botas con esto», denuncia el director general del bufete de abogados LegalTeam, Guillermo Morales. En estos locales, es habitual que se usen programas informáticos para conseguir una cita previa mucho antes que haciéndolo directamente con un ordenador o un teléfono móvil habitual. El trámite en principio, es gratuito, aunque en los locutorios se suele cobrar unos 30 ó 50 euros a los interesados. Morales asegura que alguno de sus clientes se ha topado con que le han pedido hasta 300 euros para adelantar la cita.
No es difícil tampoco encontrar a quienes gestionan estas citas previas ‘online’. Una rápida búsqueda en un portal de anuncios da acceso a cientos de números de teléfono que aseguran que pueden conseguir uno de estos turnos. Uno de ellos, consultado por EL PERIÓDICO con una identidad ficticia, ofrece citas por 100 euros de cara a finales de junio o principios de julio.
Captura de la conversación con una de las personas que ofrece citas previas de comisaría ilícitamente / EL PERIÓDICO
Morales ve difícil que no se produzca un cuello de botella en las comisarías una vez empiecen a resolverse definitivamente los expedientes de la regularización extraordinaria y todos los migrantes deban pasar por su ‘cita de huellas’. “Es imposible que lo pueden solucionar, tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo”, lamenta. Para el director general de LegalTeam la solución a esta situación pasa por que todas las resoluciones favorables que dan permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes incluyan ya día y hora para acudir a la ‘cita de huellas’, tal y como se hizo durante una prueba piloto en L’Hospitalet de Llobregat.
Redacción de informes policiales
Más allá de las citas para el TIE, en la Policía Nacional preocupa la gestión de los expedientes policiales. Estas semanas se están admitiendo a trámite los expedientes de regularización, cosa que da acceso a un permiso de trabajo y de residencia provisional. El Gobierno tiene entonces un plazo de tres meses para estudiar el caso y aceptarlo o denegarlo definitivamente.
Es por eso que, para argumentar la decisión, la UTEX de Vigo –la oficina centralizada que tramita todos los permisos de la regularización– debe solicitar a las subdelegaciones provinciales del Gobierno los informes policiales de los interesados, que deben corroborar todos los datos entregados por el solicitante.
Fuentes policiales auguran un «caos» cuando tengan que hacer en tres meses los informes de todos los solicitantes
«Si en Barcelona, cuando acabe el plazo, lo han pedido 150.000 personas, habrá que hacer 150.000 informes policiales», subrayan fuentes del cuerpo. Las fuentes consultadas apuntan que, como es habitual, del 8% al 10% de las peticiones –unas 50.000 de las 500.000 previstas– pueden ser denegadas porque el inmigrante tiene antecedentes en España o en su país.
«Será el caos en todos los grupos policiales de España dedicados a hacer informes. Nos van a mandar de golpe todo lo que no nos han pedido ahora y habrá que hacerlo en un plazo determinado”, advierten las mismas voces.
Desde el Gobierno explican que la diversidad de casuísticas puede hacer que se excedan los 15 días previstos para las aceptaciones a trámite de la regularización
Los policías también tienen la mosca detrás de la oreja con la casuística de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), donde aseguran que se están aceptando a trámite algunas solicitudes de regularización que obligan a poner en libertad a personas “susceptibles de ser expulsadas” por sus antecedentes penales. «Vamos a una descoordinación total: los Ministerios de Interior e Inclusión no hablan el mismo idioma», denuncian.
Retrasos en los trámites
Hasta llegar a ese punto todavía tienen que pasar algunos meses. De momento, entidades sociales y bufetes de abogados denuncian que las aceptaciones a trámite –que según el BOE deberían emitirse en 15 días desde la presentación de la solicitud–, van con algo de retraso. En el caso de LegalTeam, de las más de mil solicitudes que empezaron a enviar desde el primer día del proceso, solo se ha aceptado a trámite el 5%. En el despacho de la abogada Marie Mateo, en Barcelona, de unas cien solicitudes solo tres o cuatro han pasado de momento el corte y gran parte de sus colegas están en la misma situación: «De 350 expedientes presentados, no han llegado ni cinco».
Oriol Nebot, abogado de Càritas, por otro lado, asegura que de las 15 solicitudes que ha presentado personalmente, 12 ya han sido aceptadas a trámite; aunque han tardado unas tres semanas en llegar. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones aseguran que «las revisiones se hacen caso a caso, lo que da lugar a muchas casuísticas diferentes» que pueden hacer que se excedan esos quince días previstos. «De todas formas, estamos en plazo y el procedimiento avanza según lo previsto», arguyen las mismas voces que aseguran que «toda solicitud tendrá una respuesta» y llaman a la calma.
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