Tras 38 intensas sesiones, el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y a nueve empresarios, pronunció este jueves las protocolarias palabras de “visto para sentencia”. A los tres magistrados les corresponde ahora deliberar y dictar una sentencia, que tardará al menos un par de meses. Los togados deberán decidir si, como sostiene el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, y la Abogacía del Estado, el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, sus seis hermanos y la exesposa del primero, Mercè Gironès, cometieron delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales con la fortuna que guardaban en Andorra.
Según la tesis acusatoria, este dinero tiene su origen en el pago de comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública y los empresarios imputados colaboraron para camuflar esa operativa. El tribunal debe decidir si se decanta por aceptar esta versión o la de la defensa, en la que ha participado la flor y nata de los despachos de abogados de Barcelona y Madrid, que sostiene que el dinero procede del legado del abuelo Florenci Pujol.
El primer día de la vista, el 24 de noviembre del año pasado, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley compareció en el juicio por videoconferencia para que el tribunal, tras escuchar a los forenses, decidiera si estaba capacitado o no para defenderse y seguir la vista. Los informes médicos eran concluyentes: «No está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente». Los magistrados decidieron en ese momento que el exmandatario seguiría el juicio desde su casa y resolverían sobre su futuro judicial cuando le tocara declarar.
El pasado 27 de abril, después de ser reconocido por los forenses y de responder a las preguntas de los magistrados en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, Jordi Pujol Soley quedó exonerado. La fiscalía reclamaba para él nueve años de cárcel. Durante la comparecencia, el expresidente catalán mostró dificultades de comprensión y memoria —no reconoció al hijo que tenía al lado—, aunque se interesó por cuándo le tocaba declarar, extremo por el que sigue preguntando, y expresó lo mucho que había hecho por España y por Catalunya, según fuentes de su entorno.
Pero el archivo de la causa para él no supuso que el fiscal cambiara el relato fáctico de su acusación. El representante del ministerio público argumenta que el expresidente, aprovechando su posición política, «tejió una red de clientelismo» y creó un «entramado» en el que su familia y empresarios afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se repartían los «sobresalientes beneficios de concursos públicos«, amasando así un patrimonio «ajeno a sus ingresos legales que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y a la sociedad catalana». El fallo deberá valorar si hay suficientes pruebas para acreditar que fuera así, aunque Jordi Pujol Soley esté ya exonerado.
Entrada del vehículo que lleva a Jordi Pujol a la Audiencia Nacional. / José Luis Roca
La clave de la sentencia será dilucidar el origen de los fondos de la familia Pujol en Andorra. El expresidente catalán siempre ha defendido que ese dinero, no declarado a Hacienda durante años, procedía de un legado —’deixa’, en catalán— que su padre, Florenci Pujol, había dejado a sus siete hijos, ahora imputados, y a su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida. El motivo de tener ese capital en el extranjero era que, si la situación política en España se complicaba y la familia tenía que exiliarse, sus descendientes no tuvieran problemas económicos. Sobre todo, respondía al resquemor ante la actividad política de su hijo Jordi Pujol Soley, fundador de CDC.
Anticorrupción, sin embargo, niega la existencia de ese legado. Sostiene que la familia urdió una trama de influencias desde su “posición privilegiada” para enriquecerse hasta acumular un patrimonio «desmedido». También precisa que la «ingente» cantidad de dinero que ocultaron los Pujol en Andorra fue fruto del «favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos» de administraciones catalanas bajo el control de CDC. Cada miembro de la familia desempeñaba un determinado “papel” que les permitía operar de forma “concertada” para abrir cuentas en el extranjero y mover fondos entre ellas. El gestor del patrimonio fue el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. El fallo deberá aclarar el origen de la fortuna y si sirvió para el desarrollo de esta trama de negocios.
Jordi Pujol Ferrusola, durante su declaración. Juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca
El fiscal Fernando Bermejo considera que las comisiones presuntamente ilegales vinculadas a las empresas del hijo mayor del expresidente se canalizaron a través de servicios simulados y no reales. Era, a su entender, una forma de justificar el flujo de dinero. En su informe, el representante del ministerio público recalcó que no existía base documental de esas operaciones y que las sociedades de Pujol Ferrusola no tenían los medios necesarios para efectuar determinados trabajos. Tanto el hijo mayor del exmandatario como los empresarios y varios testigos han asegurado en el juicio que existieron labores de intermediación en determinados negocios, que no solo se desarrollaron en España, sino también en México, Argentina o Gabón.
Jordi Pujol Ferrusola, durante su declaración. / José Luis Roca
En algunas de estas operaciones, además, el primogénito participó de forma activa, logrando importantes beneficios o, como los calificó el fiscal, verdaderos «pelotazos». La defensa ha incidido en que en las labores de intermediación no tiene por qué haber un contrato previo, que pueden ser «a éxito» —si la operación sale bien— y que el valor de Pujol Ferrusola residía en sus contactos y conocimientos de determinados países. En el blanqueo de capitales, la fiscalía también incluye préstamos simulados.
La Fiscalía Anticorrupción no solo ha intentado durante todo el juicio vincular los fondos de la familia Pujol con adjudicaciones de obra pública, sino que también ha pretendido relacionar algunas operaciones efectuadas por Jordi Pujol Ferrusola con la financiación ilegal de CDC. En concreto, la acusación hizo mención a que, a través de una cuenta en Andorra, el hijo mayor del expresidente avaló un crédito de Fibanc a las empresas Hispart, Altraforma —vinculadas al caso del Palau de la Música— y a una tercera sociedad que hicieron trabajos para Convergència Democràtica, el partido fundado por el expresidente Pujol. El primogénito reconoció en su declaración que le pidió ese favor el entonces tesorero del partido, Carles Torrents, ya fallecido. A pesar de que esta operación ha salido a relucir en la vista, el fiscal no acusa a nadie por ello.
La denominada ‘Operación Cataluña’ y las actividades de la policía patriótica del PP han sobrevolado durante todo el juicio, hasta el punto de que ha declarado ante el tribunal el comisario José Manuel Villarejo y otros mandos policiales. Pero ninguno de esos testigos aportó luz a las maniobras de ese grupúsculo policial para perjudicar a la familia Pujol y a otros dirigentes catalanes en su guerra contra el independentismo. Villarejo apeló a su imputación en Andorra por la querella por presuntas coacciones a los responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para supuestamente obtener datos de políticos catalanes; luego, se escudó en su avanzada edad, y después, en los «chascarrillos» que acababa de reprochar a la defensa que utilizara. Acabó diciendo que se sentía «coaccionado por el tribunal». La causa seguida en Andorra por estas presuntas coacciones fue aportada al tribunal por el abogado Francesc Sánchez, defensor del exdiputado Oriol Pujol.
Jordi Pujol Ferrusola, sale de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio a los Pujol. / José Luis Roca
El que se explayó sobre esas supuestas presiones de la policía patriótica fue el exconsejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel, quien aseguró que el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, le dijo que «el Estado español estaba en guerra con el catalán y quería información de las familias Mas, Junqueras y Pujol”. Previamente, el agregado de Interior de la Embajada española en Andorra, Celestino Barroso, se había reunido con él para amenazarle con su influencia sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y advertirle de que, si no accedía a sus pretensiones, el banco recibiría un «hachazo» y acabaría en manos americanas.
El fiscal Anticorrupción elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y pidió al tribunal que condene a Jordi Pujol Ferrusola a 29 años de prisión; a su exmujer, Mercè Gironès, a 17, y a su hermano Josep, a 14. Para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola, su petición es de ocho años de cárcel por organización criminal y blanqueo de capitales. Los nueve empresarios imputados se enfrentan a cinco años de cárcel. La Abogacía del Estado también solicitó la condena de los acusados: 25 para el primogénito, 17 para Gironès, cuatro y medio para Josep y dos para los empresarios. Los Servicios Jurídicos del Estado no acusan al resto de los hermanos Pujol Ferrusola. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución por falta de pruebas.
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