- El Gobierno abrió una consulta inédita
- Transparencia rechaza la tesis de Economía
- Qué información tendrá que entregar
- Debate político y económico alrededor de la operación
Así lo ha resuelto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que obliga al departamento a entregar la información remitida por ciudadanos, empresas, asociaciones y otros actores que participaron en ese proceso.
La resolución supone un revés para Economía, que había rechazado facilitar esos datos alegando que se trataba de “información auxiliar o de apoyo” y que las opiniones recogidas no formaban parte de la motivación final de la decisión adoptada por el Ejecutivo.
Sin embargo, el CTBG concluye que las aportaciones sí tuvieron relevancia en el proceso de toma de decisiones y considera que deben hacerse públicas, aunque previamente se anonimicen los datos personales de particulares.
El Gobierno abrió una consulta inédita
La controversia se remonta a mayo de 2025, cuando el Ministerio de Economía decidió abrir una consulta pública sobre la operación de concentración bancaria entre BBVA y Sabadell.
El objetivo oficial era recabar opiniones sobre el posible impacto de la operación en cuestiones de interés general distintas de la competencia, como el empleo, la cohesión territorial, el acceso al crédito o la protección de determinados sectores económicos.
Ese procedimiento no estaba previsto expresamente en la Ley de Defensa de la Competencia para esta fase de la operación. Aun así, Economía decidió impulsarlo antes de determinar si elevaba o no la cuestión al Consejo de Ministros.
Posteriormente, un solicitante reclamó acceso a toda la información vinculada a aquella consulta pública, incluyendo los comentarios enviados, los resultados y otros datos relacionados con la participación.
Economía rechazó la petición. El ministerio argumentó que la consulta era un trámite no preceptivo y que la documentación generada tenía un carácter meramente auxiliar, comparable al de las consultas públicas previas utilizadas en procesos normativos.
Transparencia rechaza la tesis de Economía
El Consejo de Transparencia desmonta ahora esa interpretación. La resolución recuerda que las limitaciones al derecho de acceso a la información pública deben aplicarse de forma restrictiva y que la Administración tiene que justificar de manera “clara y suficiente” cualquier negativa.
El CTBG sostiene que las respuestas recibidas durante la consulta aportaban “un mayor contexto” para decidir si la operación debía elevarse al Consejo de Ministros y, por tanto, tenían incidencia en la resolución final adoptada por el Ejecutivo.
La resolución añade además que esas aportaciones son relevantes para conocer “la motivación de la decisión adoptada”, ya que permiten comprobar qué contribuciones fueron tenidas en cuenta y cuáles fueron descartadas durante el proceso.
De esta forma, el órgano de Transparencia diferencia entre las notas internas o documentos preparatorios elaborados por la Administración y las opiniones remitidas por actores externos en una consulta pública abierta precisamente para recabar valoraciones.
Qué información tendrá que entregar
La resolución obliga al Ministerio de Economía a remitir al reclamante las “aportaciones realizadas a la consulta planteada en la web del Ministerio relativa a la OPA de BBVA al Sabadell”.
Eso implica que podrán conocerse los argumentos y preocupaciones trasladadas al Gobierno por parte de entidades financieras, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones y otros participantes en la consulta.
El Consejo de Transparencia sí establece un límite: las aportaciones realizadas por personas físicas deberán entregarse de forma anonimizada para proteger sus datos personales.
El ministerio dispone ahora de un plazo máximo de diez días hábiles para facilitar la información al solicitante y remitir además una copia al propio CTBG acreditando el cumplimiento de la resolución.
Debate político y económico alrededor de la operación
La OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell se convirtió durante meses en una de las operaciones financieras más sensibles para el Gobierno y para el sector bancario español.
La operación provocó un intenso debate político y económico por sus posibles efectos sobre el empleo, la competencia bancaria y la presencia financiera en determinados territorios, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Precisamente por esa sensibilidad, Economía decidió abrir aquella consulta pública extraordinaria para recabar opiniones antes de tomar una decisión sobre la posible elevación del asunto al Consejo de Ministros.
Ahora, la resolución del Consejo de Transparencia abre la puerta a conocer con más detalle qué posiciones trasladaron al Gobierno los distintos actores implicados y qué argumentos llegaron a manos del departamento de Carlos Cuerpo durante uno de los procesos corporativos más relevantes de los últimos años en España.
