Se aborda el problema de la vivienda con una frivolidad y una ligereza alarmantes. El problema de la vivienda y la mayoría de los problemas. La diferencia es que el de la vivienda es un problema mayor –como la educación, la sanidad o la justicia–, que requiere de soluciones muy complejas que afectan al conjunto de la sociedad y, sobre todo, que es de una trascendencia vital para quien lo padece.
Hablamos de ese lugar donde cobijarse, donde vivir y, llegado el momento, donde caerse muertos, según explica tan dramáticamente la sabiduría popular española. Qué hayamos llegado a una situación desesperada para muchas personas no es culpa ni del Gobierno, ni de la oposición, ni de las comunidades autónomas, ni de los propietarios, pero a ellos –cada uno en su medida– les corresponde asumir la responsabilidad de resolverlo o, cuando menos, paliarlo.
La vivienda no es un capricho, ni un lujo, ni un privilegio. La vivienda es un derecho, por eso se refiere a ella en términos inequívocos nuestra Constitución en el Título dedicado a los derechos y deberes fundamentales.
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada –reza el artículo 47–. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Resulta de una frivolidad vergonzosa la demasiado frecuente utilización de la vivienda, como arma electoral o como arma arrojadiza, en las disputas polarizantes basadas en el cuanto peor mejor.
Hemos visto y oído a mandatarios anunciar la construcción de miles de viviendas sociales, poner primeras piedras, inaugurar obras y hacer el paripé con casco y chaleco reflectante de seguridad. Pero es el día de hoy que no hemos visto un solo edificio terminado, ni a nadie recoger las llaves de su nueva vivienda. O, al menos, no hay constancia de ello.
Hemos oído amenazar con restringir los pisos turísticos, con topar el precio del alquiler, con penalizar a los propietarios, con todo tipo de ocurrencias. En Cataluña, se han topado los alquileres y los precios se han contenido, pero por contra se han disparado los de venta. En Asturias, se sacaron 1.500 viviendas del mercado de pisos turísticos, en cambio la oferta del alquiler de larga duración no es que haya aumentado, sino que ha disminuido.
Todo hace indicar que ese no es el camino. Dada su ineficacia, da la impresión de que las medidas se están tomando a ojo de buen cubero. Por el método de prueba error. La ministra de Vivienda no ha sido capaz de sacar adelante el decreto ley de los alquileres. Probablemente la cerrazón de la oposición no haya ayudado, pero no se puede despachar el asunto culpando a quienes han votado en contra. Habrá que negociar. Ni el Gobierno puede pretender que le aprueben todo por sistema, ni la oposición puede negarse a toda iniciativa gubernamental.
Los datos que avalan la urgencia de medidas son estremecedores. En España, según algunos, se necesitan 700.000 viviendas; según otros, el doble. En cualquier caso, una cantidad inalcanzable para un país que construye a un ritmo de 100.000 viviendas al año. Lo que sí es seguro es que más del 60 por ciento de las nuevas construcciones tendrían que ser sociales. Mientras, se cifra en 600.000 las viviendas vacías en nuestro país, mientras en torno a 30.000 personas sin hogar son atendidas en centros públicos.
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