Las decisiones de la Comisión Europea vuelven a protagonizar la actualidad de la industria cerámica de Castellón. Después de varias semanas de espera, la propuesta sobre el mercado de emisiones de CO2 mantiene un fuerte recorte del 34% de derechos gratuitos para este sector, lo que puede suponer un sobrecoste de entre 109 y 163 millones de euros anuales, según la patronal Ascer.
El anuncio ha caído como un jarro de agua fría sobre las expectativas del azulejo, tanto en España como en Italia, que esperaba una rebaja de los planteamientos de Bruselas y que había iniciado en diciembre una fuerte campaña de reuniones institucionales a todos los niveles.
Rechazo al recorte desde Bruselas
Desde el Parlamento Europeo, representantes del PSOE y el PP han manifestado su disconformidad con el planteamiento de la Comisión, y esperan que en las próximas semanas haya novedades positivas ante la posibilidad de revisar este mercado de emisiones. El eurodiputado de Compromís, el castellonense Vicent Marzà, también ha hecho «una valoración negativa de la propuesta de recorte de emisiones, porque no hay un plan real de adaptación y no tiene en cuenta la realidad tecnológica ni socioeconómica del sector cerámico».
Afirma que la reducción global de emisiones contaminantes «es necesaria para hacer frente a la emergencia climática, pero esta transición solo será justa y efectiva si va acompañada de medidas de apoyo reales, que permitan descarbonizar la industria sin poner en riesgo la actividad económica ni el empleo«. Al hilo de este argumento, Marzà expone que tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana «disponen de margen dentro de los nuevos marcos de ayudas de Estado aprobados por la Comisión Europea, a propuesta nuestra, para acelerar la implantación de tecnologías limpias y reforzar una industria más competitiva, sostenible y arraigada en el territorio».
Defensa de la cerámica frente a la competencia exterior
El representante de la formación valencianista en Bruselas expone que, ante las prácticas «desleales y las diferencias regulatorias de países de fuera de la UE, hay que activar mecanismos efectivos que impidan que la deslocalización sea rentable». Señala que se debe proteger a la cerámica «y garantizar que los puestos de trabajo y la capacidad productiva se mantengan aquí, mediante medidas defensivas, pero también con políticas de refuerzo y modernización de nuestras empresas».
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