La asociación de empresas del sector del gran consumo Aecoc, que agrupa a más de 34.000 compañías, se ha sumado este martes a la reclamación que hizo la semana pasada la patronal de los fabricantes españoles de alimentación y bebidas (FIAB) y a la Asociación de Industrias del Plástico de Catalunya (APIC) pidiendo la suspensión del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Esta tasa está vigente en España desde 2023 y grava en 0,45 euros cada kilo de plástico no reciclado, un coste que debe asumir el fabricante cuando envasa sus productos.
«Somos el único país europeo que aplica un impuesto como este y, además, en un momento como el actual, nos encontramos con que la Agencia Tributaria es la mayor beneficiaria de la inflación, porque las empresas están haciendo un esfuerzo importante para no repercutir la subida de otros costes», ha lamentado Josep Maria Bonmatí, director general de Aecoc. La AIPC ya se ha dirigido al ministro de Hacienda, Arcadi España, para solicitar la suspensión temporal del impuesto, alegando que el sector mantiene compromisos relacionados con la sostenibilidad y que desde hace tiempo ha incrementado el uso de plástico reciclado,
La industria alimentaria, por su parte, reclama «equilibrar la presión fiscal y administrativa a la extraordinaria situación actual», en palabras de Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. La federación de fabricantes reclama, además, «medidas de apoyo a la exportación y el comercio internacional mediante la eliminación de obstáculos en el transporte, la mejora de la eficiencia logística y la simplificación de los trámites aduaneros». También defiende que se promuevan «instrumentos que permitan proteger el empleo en el sector en el actual contexto de elevada incertidumbre».
Ellos, mientras tanto, están trabajando en abrir mercados internacionales para compensar estos impactos, impulsando la presencia de empresas españolas en Canadá, Italia, China, México y Países Bajos.
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