Las housing asociations (o asociaciones de vivienda) son uno de los pilares de la política —y el mercado— de la vivienda y el alquiler en muchas países de Europa, como Reino Unido, Viena o Países Bajos. Sin embargo, la irrupción de este modelo en España es prácticamente inexistente, en buena medida por la inexistencia de un marco jurídico o regulatorio específico que las reconozca formalmente. Esta es una de las grandes conclusiones del informe Housing Associations: La provisión y gestión de vivienda social publicado por la Universidad Pompeu Fabra presentado este jueves.
La asociación educativa ha elabado un listado de siete recomendaciones para que proliferen este tipo de entidades. La primera, elaborar una ley que reconozca institucionalmente a los proveedores sociales de vivienda. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya incorporó la figura y el Ministerio de Vivienda está trabajando en la redacción de una regulación que defina a estas entidades y las haga receptoras de ventajas fiscales y ayudas públicas, algo que ya ocurre en Cataluña.
En este sentido, el documento pone sobre relieve que es necesario «facilitar el acceso a suelo público y vivienda existente» a estas instituciones, mediante «mecanismos como la cesión de suelo a largo plazo, el derecho de adquisición preferente o programas de movilización de vivienda vacía». En Cataluña,
Adicionalmente, la Pompeu Fabra recomienda la creación de «un regulador específico» con la creación de registros oficiales autonómicos y un reporting «periódico» y «estandarizado», tanto de sus métricas financieras como de las sociales, con el objetivo de reforzar su «transparencia, rendición de cuentas y confianza de administraciones públicas y financiadores, en línea con los modelos más consolidados a nivel europeo», explican.
Las housing asociations necesitan financiación
Otro de los puntos relevantes de las housing asociations es la financiación, ya que —al igual que ocurre en el sector inmobiliario en su conjunto— suelen tener ratios de apalancamiento altos que permiten sus flujos constantes y estables de ingresos por los alquileres. Sin embargo, según los autores del informe, Elena Pellicer Pio y Ramon Bastida Vialcanet, es necesario «facilitar el acceso a instrumentos financieros adaptados al sector«, con «instrumentos financieros específicos —garantías públicas, fondos de inversión de impacto o mecanismos de financiación combinada— que permitan movilizar capital privado hacia proyectos de vivienda social con criterios de sostenibilidad».
Por otro lado, la universidad propone «promover marcos estables de colaboración público-social» «Las entidades analizadas muestran que la cooperación entre administraciones públicas y organizaciones del tercer sector puede constituir una herramienta eficaz para ampliar y gestionar el parque de vivienda asequible. El desarrollo de convenios estables, programas de movilización de vivienda vacía o mecanismos de cesión de vivienda pública puede contribuir a reforzar esta colaboración», añaden. En este sentido consideran clave «fortalecer las capacidades organizativas del sector» y apuntan que es necesario «impulsar el desarrollo progresivo de un ecosistema sectorial».
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