Por lo poco que estudié en su día de Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, no siempre las leyes han logrado su objetivo, que son, resumiendo a lo bestia, la de dar solución a un problema que se plantea en la sociedad (sin crear conflictos nuevos) y ser desarrollada con eficacia, ya que una norma que no se aplica, por definición, deja de serlo.
Digo esto porque en los últimos meses estoy viendo cómo muchos vecinos de Córdoba llegan incluso a verse angustiados por una serie de decretos y reglamentos que, sin comerlo ni beberlo, les han metido en auténticos atolladeros sin salida. Hablo, por ejemplo, del real decreto 255/2024 del 2 de abril de la Instrucción Técnica Complementaria de Ascensores, que tiene liada ‘la más grande’ en muchas comunidades de vecinos; la normativa que impone que antes de final de este año todo edificio de 50 años o más (unos 50.000 en Córdoba) cuente con el Informe Técnico de Construcciones y Edificaciones (ITCE), que luego le comprometerá a realizar las pertinentes obras de sostenibilidad energética y accesibilidad; la relectura de la norma que elimina los Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF) para acometer obras cautelares contra el fuego en viviendas aisladas en la Sierra, a las que tampoco dan respuesta los planes de autoprotección (PA) porque estos deben redactarse para parcelaciones enteras, o el decreto 50/2025 de Andalucía sobre el ruido, que obliga a ayuntamientos aún sin recursos técnicos ni humanos a inspecciones previas para autorizar desde grandes espectáculos públicos a pequeñas actividades recreativas, pasando por los veladores.
En general, todas estas leyes que afectan tan de cerca al día a día de la ciudadanía (y a veces particularmente a esta ciudad) tienen en común algunos aspectos: son tan técnicamente minuciosas que se hacen casi imposible cumplir, cuestan un dineral aplicarlas, requieren un esfuerzo de organización entre los vecinos que la mayoría de las veces será inalcanzable, carga sobre la ciudadanía el trabajo que debería hacer la Administración pública, crean inseguridad jurídica porque no se sabe qué consecuencias tendrá su incumplimiento (sanciones, futura prohibiciones de otros actos jurídicos como la compra-venta de inmuebles o que los seguros se desentiendan de pagar posibles siniestros) y, por supuesto, no están dotadas presupuestariamente.
En resumen, es como si te dijeran «aquí está una norma perfecta, tú la pagas y ya se verá qué consecuencias hay si no lo haces». O más sintetizado aún: «Ahí la llevas».
Y claro, así, con un buen técnico que me dé unas directrices tan minuciosas como alejadas de la realidad y creando más problemas de los que se resuelven, legisla cualquiera. Hasta yo, que ya es decir.
*Periodista
 y ser desarrollada con eficacia, ya que una norma que no se){kind=link}