Las dos familias acusadas de casar a una menor de 12 años en Ciudad Real alegan «costumbres ancestrales»

Las dos familias búlgaras afincadas en Moral de Calatrava y juzgadas por un presunto delito de trata de seres humanos tras el matrimonio de una menor de 12 años con otro menor han alegado que los hechos responden a «costumbres ancestrales» arraigadas en su país de origen, especialmente dentro de la comunidad gitana.

Así lo ha expuesto su defensa en la primera sesión del juicio, celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real a puerta cerrada debido a la presencia de la menor. El abogado de la niña, Alberto Chacón, ha sostenido ante los medios que estas prácticas están «culturalmente arraigadas» en Bulgaria y que las familias actuaron en España como lo harían en su país.

El letrado ha argumentado además que este tipo de uniones serían toleradas en algunos contextos dentro de la Unión Europea y ha enmarcado lo ocurrido en una tradición cultural, negando que existiera finalidad de explotación.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal mantiene la acusación de trata de seres humanos contra los padres de la menor y del joven con el que fue unida, un chico de 17 años en el momento. La Fiscalía también acusa a este último de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Dos embarazos

Según el escrito de acusación, los procesados habrían organizado el traslado de la menor desde Bulgaria a España cuando tenía 12 años para integrarla en el entorno familiar del otro menor. En ese contexto, la niña habría quedado en una situación de dependencia, sin escolarización ni acceso al aprendizaje del idioma.

El Ministerio Fiscal añade que la menor habría sufrido dos embarazos: el primero interrumpido en junio de 2023 y el segundo con el nacimiento de un bebé en agosto de 2024, hecho que motivó la intervención de los servicios médicos y la posterior alerta a la Fiscalía.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para los padres de ambas familias por trata de seres humanos, mientras que para el joven acusado de agresión sexual pide once años de cárcel.

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