La imagen de la Inquisición suele evocar hogueras, plazas públicas y grandes ciudades donde se escenificaban los castigos. Sin embargo, la realidad fue más compleja y, en muchos territorios, más silenciosa. Es el caso de Castellón, donde no existió un tribunal propio ni lugares de ejecución permanentes, pero donde la huella de la institución fue igualmente profunda. La actividad inquisitorial en la zona dependía del tribunal de Valencia, establecido en 1481 por los Reyes Católicos, y desde allí se gestionaban los procesos que afectaban a la población castellonense. A pesar de no contar con espacios propios de castigo, la Inquisición marcó la vida social y religiosa de la provincia durante siglos.
Mucho antes de la consolidación de la Inquisición española, el territorio castellonense ya había sido escenario de conflictos religiosos. En el siglo XIII, localidades como Morella o Sant Mateu se convirtieron en refugio para los cátaros, considerados herejes por la Iglesia. El historiador de Morella Carles Ripollés ha estudiado varios casos en la provincia.
Uno de los más conocidos es el de Guillem de Belibaste, considerado el último cátaro. A diferencia de otros cátaros que huían por motivos religiosos, Belibaste se fugó por matar a un pastor. Tras ser declarado culpable, pasó a la clandestinidad, donde se acercó más a la doctrina cátara. Se estableció en Morella y en Sant Mateu fundó una pequeña comunidad de cátaros exiliados.
Carles Ripollés. / Levante-EMV
Durante años, un agente doble de la Inquisición se ganó su confianza fingiendo ser un creyente cátaro y lo convenció para que regresara a Francia bajo el pretexto de que alguien necesitaba recibir el consolamentum, conocido como el sacramento cátaro. Al cruzar de vuelta a territorio francés en 1321, fue arrestado en Tírvia. “Cuando llegó allí, lo arrestaron y lo quemaron en la hoguera en el castillo de Villerouge-Termenès en 1321”, añade el historiador, recordando el único caso de los mencionados que terminó en ejecución.
Ya en plena época inquisitorial, los procesos en la provincia reflejan una realidad menos espectacular, pero igualmente significativa. Entre 1573 y 1574, dos jóvenes de Morella, Miguel Ença y Gaspar Querol, fueron condenados por la Inquisición. “La sentencia no implicó castigos, sino la obligación de reconciliarse con la Iglesia”, apunta Ripollés.
Otro ejemplo es el de Pere Lluís Berga, natural de Sant Mateu, que se trasladó a Ginebra y adoptó el calvinismo, siguiendo las doctrinas de Juan Calvino. Al encontrarse fuera del territorio español, la Inquisición no pudo actuar directamente sobre él, pero sí emitió una condena simbólica. “Quemaron un muñeco en su lugar, una práctica que se utilizaba cuando el acusado no estaba presente”, explica el historiador.
También destaca el caso de Gerònim Contes, vecino de Lucena, detenido en 1563 por sus inclinaciones protestantes. Su proceso terminó con una rectificación pública: tuvo que abjurar de sus ideas y volver al catolicismo. “Intervino incluso el arzobispo de Valencia a su favor”, señala Ripollés. De hecho, una de las características que se repite en estos episodios es que la mayoría de los acusados acababan siendo perdonados tras mostrar arrepentimiento o rectificar sus creencias.
Aunque Castellón no contó con plazas de ejecución, su historia también está atravesada por la Inquisición. Hubo procesos, miedos y mecanismos de control que influyeron en la vida cotidiana. Una presencia menos visible, pero igualmente determinante, que demuestra que la Inquisición también se entiende por su capacidad de impactar en territorios.
