Enfado en Repsol contra la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tras los expedientes sancionadores publicados en las últimas semanas por el apagón del 28 de abril. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha acusado al regulador de «aplicar la teoría del ventilador» con estas instrucciones, al analizar anomalías de las instalaciones de generación durante dos años (desde 2023) y no solo del día del apagón.
Así lo ha trasladado Imaz en la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, en la que hizo un inciso del inglés, idioma con el que se dirige habitualmente a los analistas, para introducir la citada expresión española al ser preguntado por las expectativas de la compañía a recibir una compensación por el impacto que tuvo la interrupción del suministroo eléctrico durante aquel día en su actividad.
Imaz recordó, como ya hizo en la presentación de resultados de cierre de 2025, que en 2018 hubo dos miniapagones que afectaron a su refinería de Petronor en Bilbao, que el Tribunal Supremo resolvió con una compensación para la empresa de 18 millones de euros, de forma que la petrolera espera al menos recibir 105 millones de euros por el cero eléctrico del año pasado, que afectó a sus cinco refinerías y a las tres centrales petroquímicas.
En este sentido, Imaz ha confirmado que Repsol ha enviado a Red Eléctrica y a sus distribuidoras un burofax para extender el periodo en el que hacer las reclamaciones, dado que este caduca un año después del evento, y teniendo en cuenta de que a día de hoy no hay un culpable claro. «Seremos compensados al final, pero esta vez igual es un poco más tarde porque la CNMC no ha cumplido con sus funciones de forma eficiente, digamos que ha aplicado la teoría del ventilador y ha mezclado cuestiones muy serias que afectan a la seguridad del suministro del operador del sistema con ineficiencias (de las centrales eléctricas) en los dos años anteriores», ha advertido.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto, de momento, 56 expedientes sancionadores a diferentes instalaciones y empresas por incumplimientos en sus funciones. Pero solo tres de ellos son por presuntas infracciones consideradas muy graves según la Ley del Sector Eléctrico, que suponen un riesgo para la seguridad de suministro o para las personas: uno para Red Eléctrica, otro para Iberdrola Generación y otro a la compañía propietaria de la central nuclear de Almaraz, que pertenece en un 52,7% a Iberdrola, en un 36% a Endesa y en un 11,3% a Naturgy.
El resto de expedientes son para instalaciones de generación de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, Totalenergies, Engie y la estadounidense ContourGlobal, pero solo por infracciones consideradas graves, por lo que no implicarían un riesgo para la seguridad de suministro ni para los sujetos. Además, el periodo de análisis de los expedientes se remonta a los últimos dos años previos al apagón, con lo que el ‘superregulador’ defiende que en ningún caso se les podrá por ello responsabilizar del cero eléctrico.
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