El Gobierno busca un golpe de efecto para paliar el revés parlamentario que sufrió el decreto de vivienda este martes en el Congreso. El rechazo de PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PNV, condenó la prórroga de alquileres impulsada por Sumar. Pese a su fracaso en el Congreso, el decreto de vivienda ha puesto el asunto en el centro del debate político, y en el Ejecutivo avanzan que tomarán el testigo del debate político e impulsarán un plan fiscal y de alquiler de temporada, con contratos menores de un año, dando así continidad al anuncio de Pedro Sánchez a principios de año para bonificar el IRPF de las rentas de alquiler. Una medida que no tuvo buena acogida en el ala minoritaria del Gobierno, Sumar, donde sin embargo este mismo lunes se abrieron a ceder en las bonificaciones fiscales para tratar de salvar su decreto.
Fuentes del Ministerio de Vivienda apuntan a que las medidas que contempla el Ejecutivo van dirigidas por una parte a la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, que ahora se escapan del control de la ley de vivienda o de cualquier tope de precios. Esa norma, que lleva varada en el Congreso desde diciembre, contempla la obligatoriedad de justificar la temporalidad del contrato y la limitación de precios por habitaciones -que no podrán sumar más que el precio de la vivienda completa-, aunque admiten que estas medidas sólo se aplicarían en zonas declaradas tensionadas por la ley de vivienda, es decir, Cataluña y País Vasco.
Además, se avanzará en el plan para bonificar el IRPF a los propietarios que ofrezcan alquiler de vivienda habitual. Argumentan en el ala socialista del Gobierno que este plan fiscal es necesario para atraer el voto de Junts, asumiendo que los de Carles Puigdemont no apoyarán nada que no incluya medidas fiscales.
Este mismo martes, horas antes del varapalo en el Parlamento, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, avanzó tras el Consejo de Ministros su voluntad de seguir «trabajando» en este asunto. “Si no hay una convalidación seguiremos trabajando, estamos ante una emergencia habitacional”, defendió el vicepresidente primero, señaló que las medidas para contener los precios de alquiler tienen un apoyo «transversal” en el electorado.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, daba alguna pista más sobre sus planes y devolvía a primera plana este asunto: situaba la vivienda como «la principal razón de desigualdad en España» y defendía la necesidad de «intervenir» en el mercado del alquiler, donde «los precios suben de manera desbocada». Un mensaje especialmente simbólico proveniendo del líder del Ejecutivo en un día especialmente significativo, cuando el Congreso se pronunciaba sobre la prórroga de contratos de alquiler.
La intervención del alquiler también sirve al Ejecutivo para poner el acento en la ley de vivienda y la falta de aplicación que han hecho las comunidades autónomas del PP frente a otros como Catalunya o País Vasco, donde gobiernan los socialistas. La aplicación de esta ley permite, entre otras cosas, la limitación de las subidas del alquiler.
En Moncloa insisten en la necesidad de «no adelantar escenarios» y en ir «partido a partido. El plan consiste ahora en responsabilizar a PP, Vox y Junts por la caída del decreto y trasladar a estas formaciones la presión por la situación de los inquilinos ante el vencimiento de esa prórroga de alquiler.
Sin embargo, deslizan en el Gobierno la existencia de un plan B; nuevas medidas que alivien el mercado de arrendamiento, tal y como vienen reclamando en Sumar. Apelan además a las fuerzas nacionalistas que no han apoyado las medidas, advirtiendo de que algunas de las condiciones planteadas, como la exención del IVA franquiciado a autónomos reclamada por Junts, son preguntas «asumibles» que podrían llegar a concretar.
«Volver a traer la prórroga»
En el ala de Sumar en el Gobierno avanzan su disposición a tomar nuevas medidas en materia de vivienda, asegurando que «seguirá habiendo margen para el acuerdo después de hoy [por ayer]». Desde el ala minoritaria del Gobierno también apuntan a la posibilidad de lanzar un nuevo decreto del estilo al decreto anticrisis por la guerra de Ucrania, donde se contemplaban topes a los precios del alquiler del 2% en 2022, un paquete de medidas que se prorrogó cinco ocasiones más, hasta el año 2024. El decreto de vivienda que cayó este martes incluía, además de la prórroga de contratos de alquiler que expirasen en 2026 y 2027, la limitación del 2% en las actualizaciones anuales de los precios de arrendamiento.
«No cabe la resignación, vamos a seguir dando la batalla las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso», defendió desde la tribuna del Congreso el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, que llamó directamente a volver a llevar esas medidas al Congreso. «Espero que este debate sirva para que podamos reunir la voluntad política suficiente para que desde mañana mismo volver a traer esta medida, volver a traer la prórroga y volver a traer un programa ambicios de vivienda».
Una de las escenas más comentadas durante el debate parlamentario del decreto fue precisamente la ausencia de los ministros del PSOE. Después de que Sumar criticase al ala socialista porque «nos han dejado solas en la negociación«, la realidad es que esa soledad se hizo más que patente en el Congreso, donde diputados de distintos colores políticos hicieron referencia a la falta de dirigentes socialistas en el banco azul, destinado al Gobierno.
«El PSOE se ha puesto tan de perfil que ni está hoy aquí para defender este real decreto», criticó la diputada de Compromís, Águeda Micó. Desde el Ministerio de Vivienda alegaban que la ministra socialista Isabel Rodríguez estaba en la sesión de control en el Senado, advirtiendo de que no tiene escaño de diputada, así que tampoco tiene la necesidad de ir a la votación.
En Sumar también afeaban en privado el plante de los ministros socialistas, al tiempo en que celebraban que la escenificación de los socialistas les «regala» la bandera de la vivienda. Tras caer el decreto con la marca de Sumar, aprobado tras un pulso inédito en el Consejo de Ministros, la incógnita ahora será si el ala mayoritaria del Gobierno, liderado por Sánchez, será quien lleve la iniciativa en esta materia con una propuesta de marca socialista que el socio minoritario se vea abocado a apoyar.
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