Dos semanas después de la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, el Consejo de Ministros ha dado un nuevo paso en este proceso. Se trata de la aprobación de un real decreto para dejar exentas del pago del IRPF las indemnizaciones a las víctimas de abuso en el seno de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal había reclamado esta medida en el marco del acuerdo alcanzado con la Iglesia el pasado 8 de enero. Desde el pasado 15 de abril se pueden tramitar las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.
El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.
En el protocolo no se fijan unos baremos ni cuantías económicas. Se estudiará caso a caso. Una vez estudiado el caso y escuchadas las partes, según recoge el protocolo, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) «en un plazo máximo de tres meses».
Suscríbete para seguir leyendo
