Vox no tiene fuerza en Canarias para ‘torcer el brazo’ al PP que lidera Manuel Domínguez -a la sazón vicepresidente del Gobierno autonómico– y mucho menos para condicionar el devenir del Ejecutivo que pilota Fernando Clavijo. Al contrario de lo que sucede en Extremadura, Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana o Murcia, el partido de ultraderecha es irrelevante en el Parlamento de Canarias y en la práctica totalidad de los cabildos y ayuntamientos – Granadilla de Abona (Tenerife) fue esencial para hace un año para ganar una moción de censura contra la socialista Jennifer Miranda y en Arona (Tenerife) para aprobar las cuentas municipales-, por lo que la ofensiva de Santiago Abascal para condicionar en toda España cada negociación territorial, especialmente las presupuestarias, y consolidar una agenda política propia y erosionar el liderazgo nacional de Alberto Núñez Feijóo, está condenada al fracaso en el Archipiélago.
El pasado 24 de abril, Vox registró en la Cámara regional -como ha hecho en todas las asambleas autonómicas y los ayuntamientos del país- una iniciativa que, con toda probabilidad, se debatirá en la sesión plenaria del 13 de mayo y que será tumbada por el resto del arco parlamentario, incluido el PP. Una iniciativa que busca el respaldo del hemiciclo canario y del Ejecutivo de Clavijo para establecer la «prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda» y avanzar en la «remigración» de quienes, según la formación, «erosionan el Estado de bienestar de los españoles».
Aunque de forma oficial los conservadores canarios aseguran que no debatirán sobre este asunto hasta días antes de que se celebre el pleno parlamentario, varias fuentes consultadas se remiten a lo que el PP votó el 23 de abril en el Congreso, en contra de la misma propuesta del partido de extrema derecha, y los argumentos que se usaron: «todo acuerdo está en el marco irrenunciable de la Constitución y en la prioridad del arraigo».
Una perssona entra en una oficina de Correos de Canarias para iniciar el proceso de regularización. / Andrés Cruz
Arraigo
Un concepto, el de arraigo, que ya usa el propio Gobierno canario mediante un nuevo decreto aprobado en marzo de 2026, que exige un mínimo de 12 años de residencia continuada -o 15 años discontinua– en las Islas para acceder a cualquier promoción de vivienda pública. Además, el Ejecutivo refuerza este concepto al exigir un desempeño laboral ininterrumpido durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción.
Además, el PP canario quiere zanjar este debate recordando las palabras del propio Feijóo tras el debate sobre la prioridad en el Congreso: «Lo que se menciona es el arraigo donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona«.
El partido de Santiago Abascal es irrelevante en la Cámara regional y apenas tienen peso en cabildos y ayuntamientos
Es más, los conservadores canarios recuerdan lo que la pasada semana dijo su baronesa más mediática, Isabel Díaz Ayuso, a la que se la acusa siempre de estar muy próxima a las tesis de Vox: «Creo en la ley y en el orden y, por tanto, no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos y no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario».
A la negativa del PP canario a apoyar la «prioridad nacional» en los términos planteados por los diputados de Vox se suma el resto de los grupos con representación en el Parlamento (PSOE, CC, NC, ASG y AHI) que siempre se han opuesto las iniciativas de la derecha más radical tales como la repatriación masiva de migrantes.
De hecho, el propio presidente Clavijo aseguró que no recurrirá la regulación extraordinaria de migrantes y defiende que estas personas deben tener la posibilidad de contribuir a la riqueza del país y cotizar. Es más, en la última sesión plenaria celebrada el 14 de abril, el presidente cargó sin matices contra Vox al expresar su deseo de que «Dios no quiera que gobiernen» porque «no son buenas personas» por alentar el enfrentamiento entre canarios y migrantes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / E.D. / L.P.
Limitar la asistencia sanitaria
Por el contrario, en la iniciativa firmada por el portavoz de Vox, Nicasio Galván, la formación reclama «garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda», desde la vivienda social hasta las bonificaciones fiscales, y limitar el uso del sistema sanitario por parte de inmigrantes irregulares salvo en casos de «asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia».
La propuesta, además, incorpora otra medida de calado: reservar las prestaciones y pensiones no contributivas a los españoles y revisar el acceso de extranjeros a la justicia gratuita, teniendo en cuenta no solo sus ingresos en España, sino también su patrimonio o rentas en el país de origen.
Usuarios en una sala de espera de un centro de salud de Canarias. / J. Santana
Vivienda para los canarios
Una derivada de este debate abierto por Vox bajo el lema de «los españoles, primero» también se afrontará este martes en el Parlamento, cuando el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez explique, a propuesta del diputado de CC David Toledo, las medidas llevadas a cabo sobre para lograr la limitación de la compra de casas a ciudadanos no residentes a favor de los residentes canarios.
La diferencia con la propuesta de Vox, tal y como defienden lo nacionalistas, es que no hay un argumento xenófobo detrás de esa reivindicación, sino económico, toda vez que el mercado inmobiliario canario está tensionado por compradores con alto poder adquisitivo que no residen en las Islas.
El presidente Fernando Clavijo ya acusó al partido de extrema derecha de alentar la pugna entre canarios y migrantes
Los nacionalistas apelan a que esta restricción ya se aplica en Malta o Dinamarca y que, en un territorio ultraperiférico (RUP) limitado y con una emergencia habitacional declarada, al limitar la demanda externa, se espera que los precios de venta y alquiler bajen, haciéndolos más asequibles para los residentes y frenar la especulación al evitar que la vivienda se convierta en un activo de inversión para extranjeros que no planean habitar el inmueble.
«Nada que ver con las tesis de Vox», concluyen en CC.
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