El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha un plan para acabar con las filas que desde el pasado jueves se repiten a las puertas de la casa consistorial y centralizará en la Casa de las Culturas la elaboración de los informes de vulnerabilidad para el proceso de regularización de inmigrantes que está siendo un «caos». Lo dicen unos y otros, aunque ninguna Administración asume la responsabilidad al respecto, salvo echar balones fuera y recurrir a la crítica.
La realidad es innegable. Cientos de personas que buscan regularizar su situación llevan varios días acudiendo de madrugada a hacer fila a las puertas del ayuntamiento para conseguir acceder al registro y solicitar el padrón municipal o el informe de vulnerabilidad. Según los datos facilitados por el Gobierno del PP en Zaragoza, 527 personas han acudido en los cuatro primeros días de manera presencial y se han registrado, un total de 2.122 instancias entre las presenciales y las telemáticas, de las que 1.184 están relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad y 938 con el certificado de empadronamiento.
Desde el Gobierno de Natalia Chueca se ha criticado con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de información y de recursos. Este martes enviaron un requerimiento solicitando aclaraciones sobre diversos aspectos del decreto, sobre todo, sobre cómo se debe gestionar ese informe de vulnerabilidad.
Reorganización municipal
Esta mañana, la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, ha comparecido en la comisión de su área para explicar las medidas que van a adoptar para evitar que se sigan formando esas filas tan cuestionadas a las puertas del ayuntamiento. A través del área de Políticas Sociales, el próximo lunes se iniciará el proceso de elaboración de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas. La decisión se adopta después de que la semana pasada el Gobierno municipal centralizará estas gestiones en la casa consistorial, un trámite que siempre se ha hecho en las juntas de distrito.
La atención tendrá horario de mañana y tarde y contará con un equipo de 15 profesionales, entre trabajadores sociales y personal administrativo, reforzado con la colaboración de los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información. En el registro municipal de la plaza del Pilar se seguirá atendiendo a aquellas personas que soliciten el certificado de empadronamiento.
Fila de inmigrantes en las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue concentrando en un solo punto las demandas de los solicitantes de la regularización. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA
Orós ha matizado que «es sencillo acreditar la situación de aquellas personas que ya están en contacto con los servicios sociales, pero estamos a la espera de que el Gobierno de España nos clarifique los criterios objetivos para poder hacerlo con plena seguridad jurídica».
Según explican desde el Gobierno municipal, entre las medidas, se ha adaptado el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación mientras el Gobierno central resuelva las dudas jurídicas existentes. También se han habilitado agendas de cita previa a través de la línea 900 700 107; se han recopilado las solicitudes registradas; y se ha facilitado a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.
Mientras, en paralelo, varios colectivos y organizaciones han denunciado «el bloqueo administrativo y el racismo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza en este proceso de regularización extraordinaria». Según han explicado, «claramente las estrategias de bloqueo y centralización de los trámites obedecen a decisiones políticas que están vulnerando derechos fundamentales de personas migrantes en nuestra ciudad».
Protesta a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. / LAURA TRIVES
«Lo que estamos viendo no es desorganización, es una estrategia consciente de obstaculización», han asegurado. También han criticado que «se está imponiendo un trato diferenciado según la situación administrativa, vulnerando principios básicos de igualdad y no discriminación, bloqueando canales de acceso a documentación esencial, como los certificados de empadronamiento y de vulnerabilidad, imprescindibles para iniciar procesos de regularización y empujando a las personas a situaciones inhumanas, con largas esperas en la calle, mientras recursos públicos permanecen infrautilizados». Por ello, han demandado «la descentralización inmediata de los trámites, garantizando el acceso en todos los registros municipales».
