Y la voluntad de Vox se hizo. El pleno de la Asamblea de Extremadura ha investido presidenta de la Junta a la candiata del PP, María Guardiola, con el apoyo de los 29 diputados populares y los 11 del partido de Santiago Abascal, que promete «lealtad, compromiso y determinación», lo mismo que exigirá al PP para convertir a Extremadura en la región a la que otros miren, el referente del «cambio real» en España y «la primera en demostrar que sí se puede».
«Vamos a ser exigentes y responsables con lo que nos hemos comprometido», advirtió Óscar Fernández, portavoz de Vox y futuro vicepresidente de la Junta, en una intervención que ha servido para fijar el tono con el que el partido quiere afrontar la nueva etapa. Vox ha reivindicado el pacto como una rectificación de fondo del PP («gracias a la señora Guardiola por entender que Vox no podía traicionar a sus votantes», ha dicho) y como la prueba de que su presencia resulta decisiva para orientar el rumbo del próximo Ejecutivo. Fernández no solo ha celebrado en la tribuna haber hecho valer sus votos,también haber situado en el centro de la investidura buena parte de su marco político y discursivo.
El cierre de una crisis
La sesión ha escenificado así mucho más que una mayoría parlamentaria. Ha certificado el cierre de una crisis política que venía enquistándose desde hace meses y ha abierto una nueva fase en la que PP y Vox tendrán que demostrar si son capaces de sostener un gobierno «duradero, fiable y de mirada larga», como ha prometido Guardiola, o si las mismas tensiones que ya dinamitaron la relación en el pasado volverán a aflorar una vez se apaguen los focos de la investidura.
A partir de ahora, la incógnita ya no está en la suma, sino en la convivencia. El acuerdo ha permitido a María Guardiola revalidar por fin la Presidencia de la Junta en una tercera votación cargada de simbolismo político, pero también la ha atado a un socio que ha dejado claro desde la tribuna que piensa vigilar, exigir y cobrar cada compromiso.
Estabilidad «sin ruidos y sobresaltos»
En su alegato final, la líder del PP ha querido enviar un mensaje directo a su nuevo aliado y también al resto de la Cámara. «Ahora nos debemos a la estabilidad, sin ruidos y sin sobresaltos. El PP va a cumplir porque es el compromiso». Guardiola ha admitido las diferencias con Vox, pero ha defendido que el acuerdo se sostiene sobre un objetivo compartido. «No somos el mismo partido, pero nos une algo importante: mejorar la vida de la gente, y es base más que suficiente para iniciar una etapa de prosperidad y crecimiento», ha afirmado.
La presidenta electa ha cargado además contra el PSOE y Unidas por Extremadura, a quienes ha acusado de tratar de imponer un «cordón sanitario» a Vox. «Quieren impedir a toda costa que haya gobiernos del PP, y eso es una estrategia antidemocrática a toda costa. Pero los extremeños son mucho más demócratas», ha afirmado.
La respuesta frente al bloqueo
Guardiola ha elevado el tono frente a la izquierda para presentar el acuerdo como una respuesta útil frente al bloqueo y como el inicio de una nueva etapa de normalización política tras meses de enfrentamiento. «Se les acabó la matraca, porque hemos llegado a un buen acuerdo, que va a permitir que los alcaldes planifiquen, que los jóvenes no se marchen y que los inversores vengan. Pueden seguir rumiando la derrota», ha dicho desde la tribuna.
Frente a la imagen de solidez que quisieron proyectar PP y Vox, la oposición leyó justo lo contrario: un acuerdo de apariencia firme pero de recorrido incierto. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, dibujó un horizonte de «inestabilidad y vergüenza» para Extremadura y pronosticó que el nuevo Ejecutivo durará menos de lo que sus promotores prometen. A su juicio, el pacto suscrito entre ambos partidos es «imposible e ilegal», de modo que acabará estrellándose contra sus propias contradicciones.
«¿Cuánto van a tardar en culparse los unos a los otros?», lanzó Álvarez desde la tribuna, convencida de que las discrepancias aflorarán en cuanto llegue el momento de ejecutar las medidas más controvertidas del acuerdo. La diputada socialista sostuvo que la comunidad ha perdido meses por la pretensión de Guardiola de gobernar en solitario y de alcanzar una mayoría absoluta «que ni tenía ni tiene ni tendrá». A su juicio, el bloqueo político vivido en Extremadura no ha respondido a una imposibilidad real de acuerdo, sino al empeño de la presidenta por resistirse a asumir su dependencia de Vox.
La primera mujer presidenta
La portavoz del PSOE mezcló la carga política con el reproche personal a Guardiola, a la que acusó de haberse desprendido del perfil que exhibió en etapas anteriores. Ironizó incluso con la imagen de la presidenta y dejó una de las frases más punzantes del debate al asegurar que pasará a la historia como la primera mujer al frente de la Junta, pero también la que ha aceptado un gobierno «con principios y valores para todos los gustos». En otra de sus intervenciones, resumió su descalificación con una frase gruesa: «Presidirá legítimamente esta comunidad, pero la va a dirigir sin dignidad y decencia».
Álvarez insistió en que la legislatura nace hipotecada, con un Ejecutivo condenado a tensarse desde dentro y con una presidenta que, a su juicio, ha terminado abrazando un acuerdo que antes rechazaba. «Hoy Extremadura es una vergüenza por culpa de ese acuerdo», sentenció.
Vox exhibe victoria política
Si el PSOE habló de vergüenza e inestabilidad, Vox quiso hablar de victoria. Óscar Fernández defendió el pacto como la confirmación de que su partido ha logrado doblegar las reticencias del PP y llevar al gobierno autonómico buena parte de sus prioridades. En su intervención contrapuso el nuevo tiempo al de los «años de gobierno negro del PSOE» y agradeció a Guardiola haber entendido, dijo, que Vox no podía «traicionar a sus votantes».
Fernández presentó Extremadura como laboratorio político del nuevo entendimiento entre ambas formaciones. «Extremadura será la primera región en la que se demostrará que sí se puede», proclamó, antes de sacar pecho de varias de las medidas pactadas, especialmente los 500 millones extra para sanidad y la batería de rebajas fiscales que, según defendió, permitirán devolver a los extremeños «lo que es suyo y nunca debió salir de su bolsillo».
La prioridad nacional
Pero el núcleo ideológico de su discurso estuvo en la llamada «prioridad nacional», uno de los conceptos más polémicos del acuerdo. El futuro vicepresidente de la Junta lo defendió como un principio de «sentido común» frente a quienes lo consideran discriminatorio. «No es racismo. No es egoísmo. No es ilegal. Es realismo», sostuvo. Para Vox, esa prioridad pasa por «defender primero lo nuestro y a los nuestros» y por garantizar que quienes forman parte de esta tierra tengan preferencia en el acceso a oportunidades y recursos «limitados». En esa misma línea, Fernández endureció aún más el mensaje al asegurar que su partido «no va a poner la alfombra a quienes vienen a España, a Extremadura, a vivir de los demás, a saquear unos servicios públicos que los españoles esperan durante meses, y aún mucho menos a quienes vienen a delinquir».
Unidas por Extremadura habla de claudicación
También Irene de Miguel leyó la investidura como una cesión total de Guardiola ante Vox. La portavoz de Unidas por Extremadura denunció un acuerdo «infame» y sostuvo que la presidenta del PP ha intentado presentar como natural y democrático un pacto que, a su juicio, encierra renuncias de enorme calado político y moral. «No se puede gobernar a cualquier precio», le espetó directamente a la presidenta electa.
De Miguel fue aún más lejos en la descalificación personal y política. «Usted ha claudicado, usted se ha vendido absolutamente y ha demostrado que es capaz de cualquier cesión por mantenerse agarrada al sillón», afirmó desde la tribuna, acusando a Guardiola de haber sacrificado toda la credibilidad que le quedaba con tal de conservar el poder. A su juicio, el nuevo Ejecutivo carece de la «más mínima fiabilidad» y puede romperse en cuanto «Abascal sople el silbato».
La portavoz de Unidas también cargó contra algunas de las contradicciones que, a su entender, atraviesan el discurso del futuro Gobierno. Cuestionó que se invoque la prioridad nacional para determinados colectivos mientras desaparece cuando se trata, dijo, de «fondos de inversión que acaparan nuestra tierra» o de empresas como Endesa. También reprochó que el acuerdo incluya «perlas» sobre materias en las que la Junta no tiene competencias, como el futuro de Almaraz, y ridiculizó el uso de enemigos exteriores en el discurso de la derecha. «¿No quieren imposiciones de Bruselas? Pues rechacen sus fondos», lanzó.
Con un tono especialmente bronco, De Miguel trató de despojar a PP y Vox del monopolio de la representación social y recordó que la correlación de fuerzas en la Cámara no agota la contestación en la calle. «Aquí somos solo siete, pero somos miles en las calles», reivindicó, en una apelación a la movilización frente al nuevo Ejecutivo.
Desterrar el «Sanchismo»
En el otro extremo del hemiciclo, el PP se afanó en presentar la sesión no como el desenlace forzado de una negociación tormentosa, sino como el comienzo ordenado de una legislatura sólida. José Ángel Sánchez Juliá defendió que el acuerdo con Vox permitirá «desterrar el sanchismo de Extremadura» con más rotundidad que en otros territorios y presentó a los populares como el «partido de las mayorías sociales».
El diputado popular sostuvo que Guardiola será investida con «el mayor respaldo de la historia de Extremadura», gracias a un pacto basado en el «entendimiento, la responsabilidad y la lealtad». Frente a quienes auguran una convivencia imposible, el PP quiso fijar la idea de un «gobierno único, dos partidos», en el que se respetarán las diferencias ideológicas y las distintas sensibilidades sin poner en riesgo la estabilidad.
La «rabia» de la izquierda
Sánchez agradeció expresamente a Vox su voluntad de acuerdo y ensalzó el trabajo «incansable, silencioso y minucioso» tanto de Guardiola como de su número 2, Abel Bautista, durante unas negociaciones que, pese a su aspereza, han acabado desembocando en un Ejecutivo de coalición. El mensaje a la oposición fue tan claro como desafiante. «Rabien lo que quieran, rabien lo que puedan, Extremadura tendrá un gobierno estable de cuatro años», proclamó.
«Es un acuerdo legítimo, democrático y transparente: cuatro años de gobierno y cuatro de presupuesto, que es mucho más de lo que duran los liderazgos del PSOE últimamente», ironizó. También trató de desactivar la polémica sobre la prioridad nacional con una frase dirigida a la izquierda: «Preferimos un arraigo a los derechos sociales que la prioridad sanchista que manda a Extremadura al hermano del presidente para tributar en Portugal», afirmó.
Con ese tono de mayoría ya consolidada, el PP trató de cerrar el debate con una mezcla de vindicación política y relato de futuro. «No prometemos milagros, eso se lo dejamos a ustedes, sí resultados para continuar la senda iniciada en 2023», afirmó Sánchez. Y remató con una frase de arranque de legislatura: «Lo que hoy empieza aquí no es una investidura, es una nueva etapa para nuestra tierra. Extremadura gana prosperidad, seguridad y ambición».
