El lunes 27 de abril, como vienen haciendo desde enero, los médicos inspectores de la Seguridad Social, volverán a la huelga. Ese día -el mismo en el que, si antes no hay acuerdo con el Ministerio de Sanidad, arranca el paro de sus compañeros por el Estatuto Marco-, se movilizarán para visibilizar una realidad que llevan tiempo denunciando: el colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT), los importantes retrasos en la valoración de las bajas a nivel nacional -se está revisando a los pacientes a los 700 días de haber comenzado la baja frente a los 300 días de media en 2022- y que son muy pocos para la ingente carga de trabajo que tienen.
«La situación, lejos de estabilizarse o mejorar, no deja de empeorar, la gestión de la incapacidad temporal y permanente ha sido cada día peor desde la entrada en vigor del RD-L 2/2023 del 16 de marzo y actualmente el sistema está absolutamente colapsado», señala el Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS) en una carta remitida a la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Blanca Breñosa, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En la misiva reiteran su petición de una reunión, como ya hicieron anteriormente -sin obtener respuesta, señalan-, pese a que se había comprometido a estudiar sus reivindicaciones.
Demandas
Los médicos inspectores llevan realizando paros parciales de dos horas a la semana desde octubre de 2025 y con jornadas de huelga completa los días 27 de cada mes desde enero de este año. Tras sus movilizaciones, las quejas por un sistema colapsado. «Tenemos una plantilla mermada y desbordada de trabajo, con unas instrucciones de trabajo desde septiembre de 2025 -son unos 470 para toda España- que vulneran nuestro código deontológico, el acto médico y la norma que nos regula, así como suponen una absoluta indefensión para la ciudadanía que sufre una vulneración de sus derechos», indican en la carta.
Silvia Ledo, secretaria de SIMEDISS, explicaba hace apenas unos días a este diario que ya anticipaban el colapso actual en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) y la Incapacidad Permanente (IP), antes de la entrada en vigor del real decreto-ley 2/2023, que sitúan como origen del conflicto. El cambio más relevante de la reforma fue la desaparición del modelo colegiado de valoración a partir de los 365 días (un año) y hasta los 545 días (18 meses) de Incapacidad Temporal.
El trabajo que hasta entonces realizaba el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), órgano multidisciplinar integrado por cinco profesionales -conocido como ‘tribunal médico’- pasó a recaer en un único médico inspector. «Pasamos a ser nosotros quienes emitimos el alta o proponemos la incapacidad permanente de los pacientes entre los 12 y los 18 meses», detallaba Ledo. Esta modificación, aseguran, se implantó sin reforzar plantilla.
Medidas legales
En la comunicación enviada a la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fechada el 17 de abril, el sindicato anuncia medidas legales en defensa de «nuestro ejercicio profesional, del cumplimiento de la norma que nos regula y de los derechos de los ciudadanos, ya que todo ello supondría la desaparición de un sistema de Seguridad Social tal y como fue concebido».
Este mismo miércoles, la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo «ante la difícil situación que atraviesa». La OMC manifiesta su «preocupación por el impacto que la actual organización y gestión del sistema de control de la Incapacidad Temporal y Permanente está teniendo en la calidad del acto médico, en la seguridad jurídica de los profesionales y en los derechos de los pacientes, especialmente en un contexto de insuficiencia de plantillas, sobrecarga de trabajo y retrasos crecientes en la valoración de los procesos».
La OMC considera «imprescindible reforzar el papel de los médicos inspectores» y hace un llamamiento a abordar «de manera urgente» una solución
«La situación está generando demoras significativas en la tramitación y resolución de los expedientes de incapacidad, con consecuencias negativas tanto para los ciudadanos como para el propio sistema, al prolongarse de forma indebida prestaciones cuya procedencia no puede ser evaluada en tiempo y forma por falta de recursos suficientes», indica la corporación. La OMC considera «imprescindible reforzar el papel de los médicos inspectores» y hace un llamamiento a abordar «de manera urgente» una solución que proteja simultáneamente los derechos de los profesionales y los de la ciudadanía.
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