El pasado martes, el Concello de Oleiros se levantaba de la mesa de negociación con la Xunta por el transporte metropolitano. Lo hacía, por una parte, porque argumentaba que el ejecutivo autonómico no había tenido en cuenta ninguna de sus peticiones y, por otra, porque esperaban una reunión con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, sin la presencia de ayuntamientos como Cambre, Arteixo o Culleredo, que nada tenían que ver con sus demandas.
El propio alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, explicaba tras la reunión que el motivo del plante venía fundamentado por la falta de compromisos de la Xunta, con la que llevan dos años debatiendo la puesta en marcha de servicios como una línea directa entre Perillo y la Universidad, conexión directa que beneficiaría a otros concellos, como Sada o Bergondo, y que sigue sin materializarse, a pesar de que contaban con que el anuncio sería inminente.
Tras esa reunión y ante la falta de resultados, el Concello de Oleiros sigue adelante con su lucha para dotar al municipio de un sistema de transporte metropolitano que no deje a nadie atrás. Entre sus objetivos está el de recuperar la extensión de la línea 1A del bus urbano de A Coruña hasta Santa Cristina, una medida que, como explican desde el consistorio, «cuenta con el acuerdo total» de los concellos de Oleiros y A Coruña y de la Compañía de Tranvías.
La Xunta, con competencias en la materia, es la única que se opone, argumentando para ello la existencia de una deuda de 49.000 euros que desde el Concello consideran que «no está debidamente justificada». «El Concello no puede ni debe regalar dinero público», afirma en un comunicado.
Esta cantidad correspondería con la pérdida económica que le supuso a la empresa concesionaria del servicio entre A Coruña y Oleiros de la llegada del bus 1A a Santa Cristina entre los años 2019 y 2022. Pero lo que más le molesta al Concello de Oleiros es que sea la Xunta la que esté reclamando esta cantidad, mientras le «sorprende» que la empresa a la que «supuestamente» el Concello le adeuda dicha cantidad «no reclame este dinero vía judicial«, en lo que califican como «un caso único de altruismo» por parte de la Xunta, a quien acusan de ejercer «de cobrador del frac» de la compañía.
