Más de un tercio de las multas impuestas por el Servei Català de Trànsit (SCT) en los últimos años siguen sin pagarse. Entre 2023 y 2025 se han tramitado un total de 4,3 millones de sanciones, de las cuales cerca de 2,8 millones se abonaron por la vía voluntaria. Sin embargo, el 36,4% de los conductores sancionados no hicieron frente al pago, lo que deja más de un millón y medio de multas pendientes.
En estos casos, el proceso no termina con la notificación inicial. Tal y como explica el director de Tráfico, Ramon Lamiel, los expedientes pasan a la vía ejecutiva, donde es la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) la encargada de gestionar el cobro. Este procedimiento permite reclamar los importes pendientes, aunque no siempre garantiza su recuperación.
Las diferencias territoriales son notables. Las comarcas del Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre encabezan el ranking de impagos, con un 41,1% de sanciones no abonadas voluntariamente. En Barcelona, el porcentaje también es elevado y alcanza el 37%, lo que equivale a más de 1,3 millones de conductores. En cambio, Girona se sitúa por debajo de la media catalana con un 34,3%, mientras que Lleida registra el menor índice de impago, con un 29,6%.
Policía parando a un vehículo / Getty Images
La mayoría de extranjeros no paga las multas
El comportamiento de los conductores extranjeros marca una diferencia significativa. Aunque representan solo el 10% del total de sanciones —algo más de 426.000 en los últimos tres años—, concentran los mayores niveles de impago. El 58,3% de estas multas no se abonan, frente al 34% en el caso de los residentes en España, y en 2025 el porcentaje se eleva hasta el 63,8%.
Para intentar reducir estas cifras, Tráfico cuenta con un sistema específico de gestión para infractores extranjeros. Según Lamiel, se utiliza una empresa que envía las notificaciones en el idioma del titular del vehículo e incluso desde su propio país. Esta estrategia permite recuperar una parte relevante de las sanciones que, de otro modo, podrían darse por perdidas.
Aun así, las limitaciones son evidentes. En el caso de los conductores con domicilio fuera de España, no se aplica la vía ejecutiva debido a la complejidad y el coste de los trámites internacionales. Esto hace que, en la práctica, muchas de estas multas dependan únicamente de la voluntad de pago del infractor, lo que explica el elevado porcentaje de impagos registrado.
