El Ayuntamiento de Altea ha respondido con firmeza a la denuncia pública presentada por la mercantil Residencial Finca Pons S.L. en relación con el desarrollo urbanístico del sector 6 SUNP Marymontaña II (conocido comercialmente como Porto Senso), rechazando de plano las acusaciones de inactividad administrativa y defendiendo que su actuación “ha sido avalada por los tribunales”.
Tal como publicó INFORMACIÓN este martes, la promotora había denunciado una “prolongada pasividad” municipal desde la resolución del anterior programa urbanístico en 2017, así como el incumplimiento de acuerdos plenarios y la falta de impulso para reactivar el sector, una situación que, según sostenía Residencial Finca Pons, “ha generado perjuicios económicos a los propietarios y un bloqueo urbanístico”. Además, solicitaba “la suspensión del Plan General Estructural de Altea” y proponía como alternativa “la tramitación de un Programa de Actuación Aislada”. Con ello, la promotora cargaba duramente contra el consistorio, al que acusaba de mantener durante más de ocho años una “inactividad administrativa injustificable, incumplir acuerdos plenarios y bloquear el desarrollo del sector”.
Frente a este planteamiento, el Equipo de Gobierno municipal ha querido trasladar este miércoles “una posición clara, serena y rigurosa” recordando que las pretensiones de la mercantil “ya han sido analizadas en sede judicial”. En concreto, el Ayuntamiento cita la Sentencia nº 339/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante, “que desestimó el recurso interpuesto por Residencial Finca Pons contra la resolución municipal de 11 de noviembre de 2024”.
Actuación municipal ajustada a Derecho
Según subraya el consistorio en un comunicado de prensa, el fallo judicial “es concluyente al declarar ajustada a Derecho la actuación municipal y al establecer que la empresa no tiene derecho a edificar en el sector mientras no se complete el proceso de urbanización ni exista una programación urbanística en vigor. Es decir, el planeamiento por sí solo no habilita para construir”. En este sentido, “la sentencia recuerda que la existencia de planeamiento no otorga por sí sola un derecho inmediato a construir, siendo imprescindible que el suelo esté debidamente urbanizado”.
Desde el Equipo de Gobierno se afirma que la resolución judicial “avala expresamente la decisión del Ayuntamiento de inadmitir la solicitud de licencia presentada por la mercantil, reforzando la posición municipal en este conflicto”.
En relación con la situación del sector, el Ayuntamiento explica que el anterior programa urbanístico “fue resuelto por acuerdo plenario de 22 de junio de 2017, lo que hacía necesaria una nueva programación”. Lejos de existir paralización, el consistorio asegura que este proceso “se encuentra actualmente en marcha a través de una agrupación de interés urbanístico del sector”. En este punto, el Equipo de Gobierno introduce un elemento clave: “la propia mercantil denunciante no se ha adherido a dicha agrupación”, lo que, según el Ayuntamiento, limita su participación “en el desarrollo del ámbito, desvirtúa parte de las críticas vertidas y debilita su discurso público”.
Encima del puerto Marymontaña, o Porto Senso, está la parcela de Residencial Finca Pons que se querella contra el Ayuntamiento de Altea (Foto de Frederic HEDELIN) / Frederic HEDELIN
El consistorio también carga contra la interpretación de los hechos realizada por la mercantil, asegurando que “no se corresponde con la realidad jurídica” y rechaza, además, que su actuación haya sido “obstructiva” o contraria al desarrollo urbanístico. “No es correcto trasladar a la opinión pública que el Ayuntamiento actúa al margen del Derecho”, señalan desde el bipartito Compromís-PSOE, que insisten en que la prioridad “es garantizar un crecimiento ordenado, seguro y generador de oportunidades”.
Respecto a la propuesta de la promotora de tramitar un Programa de Actuación Aislada, el Ayuntamiento cuestiona su viabilidad jurídica, señalando que “no ha sido aceptada por la Administración ni cuenta con respaldo en la resolución judicial aportada por la propia mercantil”. Fuentes municipales han desvelado que los terrenos de Porto Senso “son propiedad del grupo Rover excepto una parcela adquirida hace poco por Residencial Finca Pons”.
La tensión se traslada también al ámbito del Plan General Estructural, cuya aprobación definitiva sigue pendiente y sobre el que la empresa denunciante ha solicitado su suspensión. El Ayuntamiento, sin embargo, defiende que el planeamiento no puede quedar condicionado por interpretaciones unilaterales ni por escenarios que no han sido validados judicialmente, advirtiendo del riesgo de generar inseguridad jurídica si se atienden esas peticiones. Hacerlo supondría consolidar interpretaciones alejadas del marco legal que puede generar falsas expectativas entre los propietarios y agravar la incertidumbre”. Aseveran desde el Equipo de Gobierno.
Mensaje de cautela
El pulso entre la promotora y el consistorio queda así servido, con el foco ahora puesto tanto en la evolución judicial del conflicto como en la tramitación del Plan General Estructural. Así y todo, el Ayuntamiento también lanza un mensaje de cautela ante el debate generado, alertando de que “trasladar interpretaciones alejadas de la legalidad puede generar confusión y falsas expectativas entre los propietarios afectados, con el consiguiente perjuicio para la seguridad jurídica”.
Finalmente, el consistorio reafirma su compromiso con el desarrollo urbanístico de Altea, pero subraya que este “debe producirse bajo criterios de legalidad, responsabilidad y respeto a las resoluciones judiciales. Altea quiere inversión, quiere actividad y quiere futuro —concluye el comunicado—, pero siempre dentro de un marco que garantice un desarrollo serio, estable y justo para todos”.
De proyecto de Jean Nouvel a sector bloqueado: el caso Marymontaña en Altea
El ambicioso proyecto urbanístico impulsado en 2006 en Altea y diseñado por el arquitecto Jean Nouvel (Premio Pritzker 2008) se ha convertido, casi dos décadas después, en un ejemplo paradigmático del urbanismo fallido de la burbuja inmobiliaria.
La iniciativa, promovida por Zontoga S.A., formada por empresarios hoteleros y promotores de la zona, contemplaba la construcción de 310 viviendas de lujo, de entre 70 y 150 metros cuadrados, cuyo precio mínimo superaría el millón de euros, un hotel y la ampliación del Puerto de la Galera, con una inversión superior a los 200 millones de euros. El proyecto apostaba por una arquitectura integrada en el paisaje y orientada a un mercado internacional de alto nivel. Sin embargo, la crisis de 2008 frenó su desarrollo. Zontoga desapareció y los suelos pasaron posteriormente a la Sareb, quedando el sector parcialmente urbanizado y sin culminar.
Años después, el terreno de más de 150.000 metros cuadrados lo adquirió Rover Grupo por casi 15 millones de euros, que heredó un proyecto condicionado por cambios en el planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento ha planteado modificaciones en la ordenación del sector, lo que ha generado tensiones con los propietarios, que defienden los derechos vinculados al diseño original.
Actualmente, Marymontaña II permanece en una situación de bloqueo, a la espera de una solución que concilie intereses públicos y privados. El desarrollo, que aspiraba a convertirse en un referente del lujo en la costa, sigue hoy sin materializarse.
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