El Consejo de Estado ha avalado el proyecto de regularización extraordinaria de migrantes en su dictamen, pero ha detectado una «laguna llamativa» en el impacto presupuestario del procedimiento.
Así se desprende del documento del órgano consultivo, al que ha tenido acceso Europa Press. En el mismo, indica que la memoria económica sobre la regularización se limita a indicar que el coste «está siendo objeto de estudio», lo que califica expresamente como una «laguna llamativa».
«La memoria también contiene un detallado análisis de los impactos que se asocian a la proyectada reglamentación, especialmente en lo referido a las cargas administrativas que comporta, si bien resulta sorprendente que, en relación con el específico impacto presupuestario, sólo señala que ‘está siendo objeto de estudio‘, lo que representa una laguna llamativa a la vista del alcance del proceso de gestión que esa nueva reglamentación comportará, extremo este sobre el que habrá múltiples ocasiones de volver a lo largo de la presente consulta», argumenta.
Igualmente, advierte de que la nueva regulación implicará un «complejo y masivo» proceso de presentación, tramitación y resolución de solicitudes. En este contexto, insiste en que el diseño de los procedimientos debe adaptarse a ese desafío, sugiriendo que algunos aspectos «requieren ser repensados y revisados».
Por otro lado, el proyecto establece que solicitar el arraigo supondría paralizar la tramitación de la protección internacional en curso, algo que rechaza el Consejo de Estado al considerar que puede generar «inseguridad» para los solicitantes. Por ello, exige su supresión y otorga a esta objeción el carácter de «esencial».
En cuanto a los antecedentes penales, el proyecto permite recurrir a declaraciones responsables en lugar de exigir documentación oficial en todos los casos. Mientras, el Consejo de Estado considera que recurrir a la declaración es una técnica «inadecuada» para un proceso «masivo», ya que «permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería«.
En esta línea, el Consejo de Estado pide «dejar claro» que esos solicitantes deben aportar ese certificado o documento equivalente y que, «de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación».
Del mismo modo, establece que la reglamentación tiene que contener los criterios con los que acreditar la vulnerabilidad de los extranjeros a los efectos por ella contemplados.
«Desorden y falta de sistemática»
Más allá del contenido material, el dictamen incluye reproches sobre la construcción jurídica de la norma y advierte de «desorden y falta de sistemática» en la estructura normativa. El Consejo cuestiona el uso de disposiciones «transitorias» para regular lo que en realidad es un régimen nuevo, y propone reordenar el texto para mejorar su coherencia dentro del Reglamento de Extranjería.
El texto del Consejo de Estado también revela que habría sido «recomendable» recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dado el impacto significativo de la medida sobre el tratamiento de datos personales.
Asimismo, el Consejo de Estado muestra dudas sobre la elección de la empresa Tragsa para «colaborar en las muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes que van a presentarse para obtener las nuevas autorizaciones que el Proyecto plantea instaurar».
En este sentido, señala que las actividades que se encomienden a Tragsa «deberán ceñirse a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental, es decir, a ámbitos de colaboración instrumental dentro del complejo proceso de gestión a que se viene haciendo referencia».
Respecto a Correos, avisa que representa «otra dificultad» para que sus servicios «puedan eficazmente organizarse y prestarse dentro de los plazos de tramitación de los procedimientos contemplados por el Proyecto».
Finalmente, el dictamen también introduce un reproche de carácter institucional al cuestionar la forma en que el Gobierno justifica la norma. En particular, rechaza la referencia a una iniciativa legislativa popular (ILP) en tramitación como fundamento del reglamento. «Por todo ello, entiende este Consejo que no exacto afirmar que la nueva reglamentación se enmarque en un proceso de participación ciudadana o responda a una demanda social expresada mediante una iniciativa legislativa popular y que conviene evitar cualquier confusión o incertidumbre entre los ámbitos propios y característicos de cada una de esas iniciativas normativas», apunta.
El dictamen fue aprobado en la comisión permanente del pasado jueves y acto seguido se remitió el informe al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según confirmaron fuentes del Consejo de Estado a Europa Press.
El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del órgano consultivo después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos.
El Gobierno trabaja para incluir las recomendaciones
Por su parte, fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han afirmado que desde el Ejecutivo se «está trabajando» para incluir las recomendaciones del Consejo de Estado para poder aprobarlo «lo antes posible».
El Gobierno considera que las recomendaciones del Consejo de Estado «caminan en la misma línea del texto original y respeta la esencia del real decreto y las valora positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación».
También ha expuesto que la protección internacional «estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)«, en respuesta a lo señalado por el Consejo de Estado al respecto.
Además, ha avanzado que procederá a aclarar la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado, «de manera que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud».
Sobre los antecedentes penales, el Gobierno ha recalcado que carecer de los mismos «ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo». «Además se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública», ha añadido.
