La defensa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la parte de la trama Koldo que aún se instruye en la Audiencia Nacional, ha presentado un contundente escrito de alegaciones para combatir las tesis que el pasado marzo presentó la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en relación con los contratos de obra sospechosos de haber dado lugar al cobro de comisiones. Esta parte de la investigación afecta al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán.
Concretamente, Hacienda apunta a tres contratos adjudicados a Acciona Construcción, S.A., bien en UTE con Ferrovial Agroman, S.A. o individualmente, en los que se dan «una serie de notas comunes» como son los incrementos en el precio final de la obra o la relevancia dada a juicios de valor para determinar las adjudicaciones. Dos de ellos son contratos para la red ferroviaria murciana y el otro en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) realizados durante la etapa de Pardo de Vera al frente del organismo público.
A juicio de la defensa de la expresidenta de Adif, que ejerce el abogado Gonzalo Rodríguez-Mourullo, el informe de la IGAE no incluya una motivación técnica suficiente que identifique con precisión el error material o la infracción normativa que se pretende imputar a su cliente. Por contra, se limita a «formular hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas que no se apoyan en la identificación de errores técnicos concretos ni en la aportación de análisis técnico alternativo alguno».
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