El Gobierno tiene la intención de aprobar el próximo martes la regularización de migrantes que ya están en España anunciada hace semanas. Pero, para que vea la luz en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo está «trabajando» en solventar los escollos que ha planteado el Consejo de Estado a su iniciativa política.
En La Moncloa sostienen que no han recibido el informe del órgano consultivo que preside Carmen Calvo, y desde el que aseguran que ya ha sido remitido al ministerio solicitante. Pero eso no implica que no conozcan las objeciones que ponen y las recomendaciones técnicas para llevar la regularización a la práctica.
Por eso están ya trabajando en el Ejecutivo, según apuntan a esta redacción, para solventar aspectos que requieren ser revisados y reformulados en los que ha puesto el foco el Consejo de Estado como el desorden del articulado o la falta de un cálculo de impacto presupuestario.
Vulnerabilidad y antecedentes penales
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento que coordina el real decreto, apuntan que el Consejo de Estado avala que la regularización se realice por la vía reglamentaria, por ser un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional.
Es más, destacan que las recomendaciones del Consejo de Estado caminan en la misma línea del texto original y valoran positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación.
De ahí que se vaya a proceder a aclarar la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado, de manera que «se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud’.
Desde el Ejecutivo apuntan que el Consejo de Estado señala que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional (PI) y otro resultante de la regularización. Por lo tanto, el permiso de PI estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero).
En lo referente a los antecedentes penales, desde Inclusión señalan que «en todo momento, carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo. Además, se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública».
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