Casa 47, la entidad estatal de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda, prevé haber incorporado hasta 2028 activos residenciales por un valor equivalente a cerca de la mitad del gran paquete de vivienda asequible que el Gobierno se comprometió a movilizar desde Sareb y desde otros organismos de la Administración General del Estado. Así se desprende de las proyecciones económicas del plan anual de actuación de 2026 consultadas por este periódico, que apuntan a la recepción entre 2026 y 2028 de viviendas por valor de 2.880,6 millones de euros, una cifra que se elevaría en otros 750 millones si se incluyen los suelos edificables.
El grueso de ese paquete procede de Sareb. En julio de 2025, el Consejo de Ministros acordó el traspaso a la entonces Sepes —hoy renombrada como Casa 47—de más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000. Moncloa cifró el valor estimado de la operación en 5.900 millones de euros, aunque la orden publicada posteriormente en el BOE rebajó esa valoración a «en torno a 5.000 millones». Si se toma como referencia la cifra más alta y se descuenta el valor aproximado atribuido a los suelos —unos 750 millones—, el paquete estrictamente residencial rondaría los 5.150 millones.
Sareb no será, sin embargo, la única fuente de activos. Casa 47 también irá incorporando inmuebles y suelos procedentes de otros organismos públicos, aunque en estos casos no existe una valoración global oficial publicada. Está previsto el cambio de titularidad de activos de entidades como INVIED, ADIF y SIEPSE, MUFACE o Patrimonio Nacional, cuya tasación no se ha hecho pública, aunque, por ahora, el Ejecutivo solo aprobó el cambio de titularidad de 109 viviendas de la Administración General del Estado y ocho suelos de SEGIPSA.
Traspasos hasta 2028
El calendario de integración de esos activos siempre estuvo llamado a ser gradual. En una entrevista con EL PERIÓDICO en enero de 2025, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, aseguró que Casa 47 podría recibir de forma «inmediata» solo un total de 13.000 de las 40.000 viviendas. Por el momento, el pasado año la entidad apenas tomó la propiedad de unos pocos centenares. Los ritmos de este traslado siguen su curso con normalidad, pero desde los diferentes agentes se advirtió en todo momento que este movimiento sería lento.
Según las previsiones económicas manejadas por Casa 47, en 2026 la entidad recibirá viviendas valoradas en más de 441 millones de euros, aunque sin concretar públicamente cuántas unidades supondrán. El grueso de las incorporaciones se concentraría en 2027, con activos residenciales por 1.639 millones, mientras que en 2028 el volumen se moderaría hasta situarse en torno a 800 millones. Esa secuencia encaja con la idea de un traspaso escalonado que no se agotará en un solo ejercicio.
Casa 47 proyecta más de 100 millones en alquileres
El plan anual de actuación de 2026 refleja además el cambio de naturaleza de la antigua Sepes, que deja de ser solo un operador de suelo para convertirse también en gestor de un parque estatal de vivienda en alquiler. El documento proyecta ya como fuentes de ingresos las rentas procedentes del alquiler asequible, junto con subvenciones para cubrir gastos generales del programa, entre otros aspectos. También anticipa un aumento de los costes de mantenimiento, gestión y estructura ligados a esa nueva actividad.
En ese contexto, Casa 47 estima ingresos crecientes por alquiler en los próximos ejercicios: casi siete millones en 2026, 86,8 millones en 2027 y 116,4 millones en 2028. También prevé un beneficio acumulado de 185,4 millones en ese periodo. La contrapartida será un fuerte aumento del gasto operativo —que se duplican—, especialmente en servicios externos vinculados a la gestión del parque, mientras los costes de personal se mantendrán relativamente estables.
La transformación es de calado. El propio plan anual de Casa 47 define esta nueva etapa como un «desafío operativo y financiero significativo» y subraya que la entidad tendrá que combinar la promoción de vivienda, la recepción de activos de Sareb y de la AGE y la gestión posterior del alquiler asequible. A ello se suma una aportación adicional de 260 millones de euros del Ministerio de Vivienda prevista para 2026, destinada a sostener la viabilidad financiera de ese despliegue.
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