La estrecha colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil ha permitido interceptar, por primera vez, a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes -smart glasses- para transmitir las imágenes del examen al exterior, marcando un hito en la detección del fraude tecnológico.
Este hallazgo supone un punto de inflexión en las inspecciones rutinarias que realiza el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil junto al equipo de examinadores de la DGT. Si bien el uso de «pinganillos» y teléfonos móviles ocultos es recurrente, la incorporación de gafas de alta tecnología evidencia una creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos.
El dispositivo permitía al aspirante captar la pantalla del examen de forma natural, sin movimientos sospechosos, enviando la señal en tiempo real a una persona situada en el exterior, quien le dictaba las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono.
Desde comienzos de año, las inspecciones realizadas en las sedes de Logroño y Calahorra han permitido identificar a un total de 20 personas de distintas nacionalidades (China, España, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal), con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años. Los implicados, residentes en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta.
La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial califica estas conductas como infracciones muy graves. Como consecuencia, se han aplicado las siguientes medidas a los implicados: multas de 500 euros por el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados; prohibición de presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso de conducción durante un plazo de seis meses y un expediente administrativo: La Jefatura Provincial de Tráfico ha declarado a todos los implicados como «no aptos» de forma inmediata.
Estas actuaciones resultan fundamentales para garantizar la seguridad vial. Permitir que personas que no poseen los conocimientos teóricos básicos obtengan un permiso de conducción mediante fraude supondría un grave riesgo para la integridad y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. La detección y persecución de estas prácticas evita que conductores sin la formación necesaria accedan a la circulación, protegiendo así al conjunto de la sociedad.
Ambas instituciones mantienen una vigilancia constante y continúan adaptando sus protocolos de inspección ante la aparición de nuevas herramientas tecnológicas que intentan vulnerar la transparencia de los procesos administrativos.
