La documentación para la comisión en el Ayuntamiento de Alicante sobre el escándalo de Les Naus llegó tarde, «blindada» e incompleta para la oposición municipal. El gobierno municipal de Luis Barcala entregó los expedientes solicitados por la izquierda y por Vox dos días después de lo prometido y lo hizo en un formato restringido (que no permite descargar, hacer copias o imprimir) para evitar filtraciones. Pero, además, los documentos puestos a disposición de los integrantes del organismo no incluyen todos los archivos que fueron solicitados: faltan al menos las investigaciones internas a funcionarios.
Por ahora, la oposición municipal no ha podido completar la lectura del conjunto de los expedientes, que suman miles de folios, lamentando el sistema facilitado por el gobierno del PP: por cuestiones de «protección de datos», los archivos no pueden imprimirse, enviarse ni descargarse del servidor, mientras que tienen que ser consultados necesariamente desde el ordenador municipal, sin que sea posible acceder a ellos a través de un teléfono móvil.
Eso sí, entre los documentos, fuentes consultadas aseguran que no se incluyen las conclusiones de los tres expedientes de averiguación internos iniciados por el equipo de gobierno. Ello, pese a que según el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, el «verdadero objetivo» de la comisión es «aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción», por lo que la oposición entiende que deberían incorporarse estos expedientes.
Conclusiones bajo llave
Hasta el momento, no ha trascendido el resultado de ninguna de las tres investigaciones abiertas por el gobierno municipal de Luis Barcala a raíz de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas: una a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en el polémico residencial; otro a los arquitectos Francisco Nieto y Elsa Lloret, propietarios cada uno de ellos de un piso en Les Naus; y un tercero para averiguar cómo se había procedido al cobro de los recibos de plusvalía y si podría haberse producido una filtración de lo ocurrido en el seno del propio Ayuntamiento.
En la primera reunión de la comisión, los populares proponían aportar los distintos expedientes de contratación para el concurso público de venta de la parcela, los relativos a la concesión de la licencia de obra y la documentación que obre en poder del Patronato de Vivienda sobre la futura promoción de la calle Ceuta. No obstante, el PSOE reclamaba también las actas de las reuniones que se hayan celebrado entre los distintos servicios municipales (Patrimonio, Urbanismo, Contratación…) en relación con este procedimiento, así como todos los informes internos en los que se haya basado la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los distintos trámites relacionados con Les Naus entre 2018 y 2025.
Compromís, por su parte, solicitaba también conocer el listado de personas admitidas y excluidas en el polémico residencial de Les Naus, junto con los expedientes completos de cada adjudicatario, en los que conste su certificación de ingresos. Los valencianistas reclaman igualmente informes sobre las relaciones de parentesco entre los vecinos del bloque, así como su vinculación personal con empleados públicos que hayan podido participar en la tramitación de los distintos procedimientos, incluyendo las investigaciones abiertas por el Consistorio. En la misma línea, EU-Podemos veía necesario incorporar informes de Intervención, las aportaciones de los funcionarios a lo largo de toda la tramitación y la justificación técnica de los criterios de adjudicación del proceso de enajenación de la parcela pública sobre la que se construyó la urbanización.
Medidas disciplinarias
En el caso de la que fuera directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, cargo del que dimitió después de que INFORMACIÓN destapara sus vínculos familiares con el bloque de La Condomina, el gobierno de Luis Barcala respaldó a María Pérez-Hickman como jefa de Contratación del Ayuntamiento, tras investigar su posible relación con el escándalo de las viviendas protegidas.
Tal y como confirmó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, el ejecutivo popular la mantendrá en su actual puesto en el organigrama municipal, de libre designación. Preguntado sobre esta cuestión, el popular señaló que Pérez-Hickman «sí sigue de jefa de Contratación» y que, cuando se comunique formalmente el resultado de los expedientes, «la idea es que se mantenga» este nombramiento como responsable del servicio.
Respecto a los otros expedientes en marcha (uno sobre dos arquitectos municipales propietarios de pisos en Les Naus y otro sobre el manejo de información del cobro de plusvalías), Villar anunció que «los funcionarios que han llevado a cabo la instrucción del expediente ya han concluido», pero descartó facilitar más información por el momento: «Entenderéis que no sea por una rueda de prensa como se enteren los que han sido objeto de ese expediente», señaló el vicealcalde.
Eso sí, a la espera de que puedan trasladarse a los afectados las conclusiones de dichas investigaciones internas, el vicealcalde sí remarcó que las medidas que se habían adoptado «de momento se mantienen». En concreto, el arquitecto municipal Francisco Nieto fue retirado de sus responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por otro profesional, en este caso de Infraestructuras, mientras que Elsa Lloret, también técnico de Urbanismo, recibió órdenes para abstenerse de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas de protección pública.
Retrasos por la confidencialidad
A menos de 24 horas de la reunión, los grupos no habían recibido ninguno de los archivos reclamados, entre los que se encontraban los relativos a la tramitación de la venta del solar de Les Naus, la licencia de obras o informes técnicos sobre los distintos procesos. Una serie de documentos que, en buena parte, el equipo de gobierno tenía «a mano», puesto que habían sido recopilados previamente para su entrega al juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones: «No será difícil», vaticinó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. Con dificultad o sin ella, la oposición municipal señalaba este jueves que, con menos de 24 horas de margen, era materialmente imposible examinar los cientos de documentos requeridos que, por lo tanto, no pudieron ser abordados en la reunión del pasado viernes.
Finalmente, los archivos no llegaron a las manos del resto de grupos hasta una vez finalizada la reunión. Según Villar, su publicación se había retrasado más de lo previsto para ajustar el acceso a la normativa de protección de datos. En este sentido, Villar avanzó que el acceso se produciría tras firmar un compromiso de confidencialidad, y que los documentos solo podrán consultarse en pantalla desde un ordenador. «Tiene una marca de agua, más que nada porque si sale de algún sitio que se sepa que ha sido filtrado», señaló el edil popular.
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