La defensa del CEIP L’Olla de Altea sigue ganando apoyos. El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, ha visitado el centro escolar este viernes junto al alcalde Diego Zaragozí; la concejala de Educación, Xelo González, y otros ediles de Compromís que forman parte del gobierno local, para mostrar su respaldo “explícito a las familias y al equipo docente frente a la propuesta de la Consellería de Educación de eliminar el aula de Infantil de 3 años para el curso 2026-2027”, según ha señalado el alcalde alteano.
Durante la visita, Fullana ha sido claro: “Suprimir una unidad cuando el centro necesita crecer en infraestructuras es ir en contra de la realidad y de las necesidades de las familias de Altea”, ha manifestado. Sus palabras se suman a las advertencias ya expresadas por el Ayuntamiento, la dirección del centro y la AMPA, que en las últimas semanas han alertado del impacto educativo y social de esta medida, tal como publicó INFORMACIÓN el pasado lunes día 23.
Un conflicto que crece y suma apoyos
La polémica no es nueva. Tal y como se ha venido denunciando, la eliminación del aula de 3 años “no solo reduciría la oferta educativa, sino que también agravaría el problema del comedor escolar, un servicio esencial del que dependen la mayoría de familias del centro”, ha indicado la concejala de Educación.
Desde Compromís, el diputado Fullana y el alcalde Zaragozí, han recordado que la estabilidad actual del colegio “no es casual, sino el resultado de años de trabajo durante la etapa del gobierno autonómico del Botànic. Fue entonces cuando, a través del plan Edificant, se eliminaron dos barracones históricos y se consolidó una línea educativa completa. Aquel acuerdo incluía una solución provisional para el comedor —instalado en un barracón— con el compromiso de construir una infraestructura definitiva en el futuro cuando se aprobara el Plan General”. Sin embargo, la propuesta actual “rompe ese planteamiento y supone un retroceso”, ha apostillado Xelo González.
Un centro al límite de su capacidad
Los datos reflejan la evolución del CEIP L’Olla. “De 116 alumnos matriculados en el curso 2015-2016 se ha pasado a una ocupación de los 163 actuales. Un crecimiento constante que ha llevado al centro a operar al límite de su capacidad”, asegura la concejala de Educación.
En estos momentos, “el comedor escolar ya funciona con tres turnos para atender a cerca de un centenar de alumnos diarios. La alternativa planteada por la Consellería —trasladarlo al aula de 3 años— reduciría el espacio a poco más de 41 metros cuadrados, claramente insuficientes para cubrir la demanda”, ha indicado la edil Xelo González.
En este sentido, cabe recordar que la comunidad educativa insiste en que esta decisión no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava, dejando sin servicio a una gran parte del alumnado, estimándose que alrededor del 70% de los estudiantes dependen actualmente del comedor.
Rechazo político y advertencia de movilización
Desde Compromís per Altea han manifestado “un rechazo frontal a la decisión del gobierno de la Generalitat Valenciana” y han reafirmado su intención de “reclamar y luchar en todas las instituciones para garantizar que no se pierda ninguna unidad y que se reactive el Programa Edificant para mejorar las instalaciones de Altea”.
El alcalde Diego Zaragozí ha ido incluso más alla: “No permitiremos que se apague el colegio más antiguo de Altea., ni que se debilite este centro emblemático por criterios demográficos puntuales que no tienen en cuenta el factor humano ni el arraigo del colegio en el barrio», ha concluido.
Este posicionamiento refuerza una línea de defensa que ya había sido marcada anteriormente por el Ayuntamiento y la comunidad educativa, que reclaman mantener el aula de 3 años y retomar la inversión en infraestructuras mediante un nuevo plan Edificant que permita construir un comedor definitivo.
Décadas de historia en juego
El caso del CEIP L’Olla no es solo un debate puntual sobre planificación escolar. Como ya se ha recordado en anteriores informaciones, el centro arrastra una larga historia de reivindicaciones: desde las protestas por las altas temperaturas en barracones a finales de los años 90, hasta la esperada eliminación de estas aulas prefabricadas tras más de dos décadas.
La ampliación culminada en 2021 supuso un punto de inflexión para un colegio fundado en 1966, que logró por fin condiciones dignas y estabilidad educativa. Ahora, esa estabilidad vuelve a estar en entredicho.
Con las alegaciones ya presentadas y el plazo abierto hasta el 7 de mayo, el conflicto entra en una fase decisiva. La diferencia, en esta ocasión, es que la defensa del centro ya no es solo educativa y social, sino también claramente política. Y todo apunta a que la presión irá en aumento en las próximas semanas.
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