Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha roto por primera vez su silencio desde que estalló la investigación judicial sobre el denominado caso Forestalia. El fondo danés, propietario del Clúster Maestrazgo, ha asegurado que no forma parte de ninguna de las pesquisas abiertas y ha defendido la legalidad del proceso de adquisición del mayor proyecto eólico en España.
En una escueta declaración remitida hace unos días desde Dinamarca al medio especializado ‘Renewables Now’, la compañía afirma ser “consciente de las investigaciones judiciales en España sobre presuntas irregularidades en los procesos de autorización ambiental en Aragón”, pero subraya que “no es parte de ninguna investigación”.
El posicionamiento, aunque breve, cobra un especial valor ya que hasta ahora la compañía había mantenido un absoluto silencio público pese a la creciente presión política, judicial y social sobre el proyecto. Este diario, de hecho, ha tratado en repetidas ocasiones de conocer la visión y opinión de la empresa escandinava tras lo ocurrido sin que hasta ahora haya respondido.
Defensa de la operación con Forestalia
CIP sostiene que la compra del Clúster Maestrazgo a Forestalia se produjo una vez que el proyecto contaba con todas las autorizaciones necesarias. “CIP adquirió el clúster eólico Maestrazgo a Forestalia después de que el proyecto hubiera obtenido las autorizaciones ambientales y de construcción, tras un exhaustivo proceso de ‘due diligence’ (revisión técnica y legal)”, señala la firma.
El fondo añade que mantiene “estrictos estándares de cumplimiento y gobernanza” en todas sus inversiones y remarca su “política de tolerancia cero contra la corrupción”.
La compañía evita, sin embargo, profundizar en el caso. “Dado que se trata de un asunto legal en curso, no tenemos más comentarios en este momento”, concluye el comunicado.
Un proyecto en el centro de la investigación
Las declaraciones se producen en un momento crítico para el futuro del Clúster Maestrazgo, uno de los mayores desarrollos renovables planteados en España y actualmente en el foco de la investigación dirigida por la Guardia Civil.
Las pesquisas, enmarcadas en la denominada operación ‘Perserte’, apuntan a posibles irregularidades en la tramitación ambiental de proyectos eólicos y fotovoltaicos en Aragón, incluyendo iniciativas vinculadas al propio clúster. Los investigadores analizan si pudo existir manipulación en evaluaciones de impacto ambiental a cambio de contraprestaciones económicas, en una causa que afecta a antiguos responsables públicos y directivos del sector energético.
El juez deberá decidir ahora si adopta medidas cautelares sobre los proyectos bajo sospecha, entre ellos el Maestrazgo, cuya paralización ha sido solicitada por distintos actores sociales y políticos.
Una inversión millonaria en riesgo
El posicionamiento de CIP llega cuando ya hay una importante inversión comprometida sobre el terreno. El fondo danés adquirió el proyecto a Forestalia en una operación cuyo importe no ha sido confirmado oficialmente, aunque algunas informaciones lo sitúan en el entorno de los 500 millones de euros.
A ello se suma el coste de desarrollo de la infraestructura. El Clúster Maestrazgo contempla la construcción de 20 parques eólicos con 122 aerogeneradores y una potencia total de 744 megavatios, con una inversión estimada cercana a los 1.000 millones de euros.
Buena parte de ese esfuerzo ya está materializado. Los aerogeneradores —encargados a GE Vernova en un contrato de gran volumen— fueron ya fabricados en una planta de Castellón y están almacenados en el aeropuerto de Teruel, donde CIP mantiene un contrato logístico para su acopio a la espera del inicio de las obras. El fondo paga por ello 100.000 euros al mes y ya ha abonado casi 2 millones desde que inicio el alquiler del espacio hace un año y medio.
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