La salida de Níger, Mali y Burkina Faso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y la posterior creación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) – integrada por estos tres países – sacude el tablero político del Sahel. El acercamiento de estos tres países a potencias como Rusia ha generado tensiones en la región y, mientras, Italia ha comenzado a consolidar su influencia en el continente africano con el despliegue de un contingente en Níger. Estados Unidos ya había reforzado su presencia en Mali, en un momento en que las potencias tradicionales —Francia y Reino Unido— veían disminuir su peso. La partida no termina aquí. España, según el el doctor en Historia Dagauh Komenan, ahora podría buscar recuperar presencia en Mali.
La Misión MISIN, autorizada por el Parlamento italiano, tiene como objetivos el entrenamiento de las fuerzas nigerinas y la promoción de la estabilidad en el Sahel. Más allá del adiestramiento, la misión busca controlar los flujos migratorios desde África subsahariana hacia el norte y frenar la inestabilidad regional. Históricamente, el contingente ha contado con entre 300 y 400 efectivos, aunque en 2026 la seguridad se ha reforzado tras incidentes yihadistas, concentrándose especialmente en Niamey, donde en enero se produjo un atentado cerca del aeropuerto de la capital de Níger. Un escenario con una repercusión directa en la realidad migratoria de Canarias, cuya proximidad geográfica a la región —apenas 850 kilómetros separan ambas orillas— convierte al Archipiélago en un punto de impacto inmediato de los flujos de población que intentan cruzar el Atlántico rumbo a Europa.
El caso de Mali – donde España buscaría recuperar influencia – resulta revelador. Sumido en una profunda crisis de seguridad, el país se ha convertido en el último año en una de los principales puntos de llegada a la Comunidad Autónoma, lo que hace que cualquier alteración política en la región tenga un impacto directo en los flujos migratorios que alcanzan las Islas. En este contexto, señala el experto, de los tres países que integran la Alianza de Estados del Sahel, Mali es el único con capacidad real de influir en la migración hacia Canarias: «Hasta que no se produzca una mejora sustancial de las condiciones de vida en Mali, no creo que se observe un cambio».
La libre circulación
La ruptura con la Cedeao amenazaba además con poner en jaque la libre circulación en la región con todo lo que esto conlleva. Mientras que antes los ciudadanos de los Estados de la Cedeao podían viajar, trabajar y residir entre los países miembros sin grandes trámites administrativos, las nuevas asociaciones parecían debiliar estos acuerdos, lo que podría dificultar los desplazamientos y generar más obstáculos para las personas migrantes que buscan trabajo o seguridad.
Pero un año después de que se produjera esta reconfiguración, la libre circulación entre los Estados de África occidental no se ha visto afectada, o al menos no de forma sustancial. Desde la ruptura formal, consumada el 29 de enero del año pasado, los cambios para los países implicados han sido mínimos. La Cedeao ha optado por mantener los vínculos de libertad de movimiento con la esperanza de evitar un mayor distanciamiento del triángulo de la AES y de explorar una eventual reincorporación futura al bloque regional. La ruptura, explica Dagauh Komenan, sí que ha ido acompañada de una reconfiguración de alianzas políticas en el Sahel.
La Alianza de Estados del Sahel
El papel de la Unión Europea en este escenario resulta crucial. Muchos de los migrantes que intentan alcanzar Europa —con las Islas Canarias como una de las principales puertas de entrada— atraviesan previamente varios países del Sahel. La influencia directa de la UE redefine el mapa la movilidad regional: a través de la financiación de políticas de externalización de fronteras, Europa busca reforzar el control migratorio en suelo africano para reducir los flujos hacia su territorio. Como resultado, en países como Senegal y Mauritania se han instalado nuevos puestos de control, centros de detención y se ha formado a fuerzas de seguridad para vigilar con mayor rigor el tránsito de personas.
En la actualidad, los países que integran la Alianza de Estados del Sahel tratan de revertir parte de los controles impuestos en los últimos años. Un caso especialmente relevante es el de Níger, donde el nuevo Gobierno derogó la ley 2015-36. Una norma que criminalizaba a quienes prestaban ayuda a personas migrantes. Esta legislación, respaldada por proyectos financiados por la UE, había limitado la libre circulación y generado impactos negativos tanto en la economía local como en los derechos de los migrantes. Su eliminación supone una recuperación – aunque parcial – del derecho a la movilidad dentro de la región y un alivio para las dinámicas económicas transfronterizas.
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