El magistrado José Antonio Vázquez Taín, instructor del caso Asunta, reveló este jueves en un acto público celebrado en Santiago que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado penitenciario y se encontraría negociando su participación en una producción audiovisual centrada en el crimen de su hija adoptiva, ocurrido en septiembre de 2013.
Durante su intervención, en el marco de la presentación del libro ‘Disfraces’ de José Antonio Pérez, sobre el asesinato de la niña de 13 años, el juez señaló de forma directa que el condenado habría iniciado ya los trámites para acceder al régimen de semilibertad, una posibilidad que, a su juicio, podría materializarse en un plazo relativamente próximo al concurrir varios de los requisitos exigidos por la legislación penitenciaria. En este sentido, Taín apuntó a la existencia de un posible arraigo personal y social, así como a la opción de disponer de una actividad laboral relacionada con la productora, elementos clave en la valoración de este tipo de solicitudes. Entre estos factores, influiría la relación sentimental que se le atribuye desde hace más de un año, que podría facilitar tanto un entorno de apoyo como una residencia fuera del centro penitenciario.
El magistrado fue más allá al afirmar que Basterra estaría en conversaciones con Bambú Producciones —responsable de la serie ‘El caso Asunta’, que obtuvo una notable repercusión— para participar en un nuevo proyecto audiovisual en el que ofrecería su versión de los hechos. Según indicó, esta operación llevaría aparejada una “importantísima” contraprestación económica. El Correo Gallego ha contactado con Bambú Producciones, que no ha confirmado oficialmente los extremos señalados por el juez y se ha limitado a indicar que no facilita información sobre este tipo de cuestiones.
La concesión del tercer grado permitiría a Basterra abandonar el centro penitenciario durante el día para desarrollar una actividad laboral y regresar al mismo por la noche, lo que facilitaría su implicación en dicho proyecto televisivo. Alfonso Basterra fue condenado, junto a Rosario Porto, a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta Basterra, cometido en septiembre de 2013. Ambos ingresaron en prisión ese mismo año, por lo que el penado ha cumplido ya más de doce años de condena.
Sin reconocimiendo de los hechos ni arrepentimiento
Durante su estancia en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña), Basterra no obtuvo permisos de salida ni progresiones de grado. Entre los factores que habrían pesado en esta situación figura la ausencia de reconocimiento de los hechos y de muestras de arrepentimiento a lo largo del cumplimiento de la condena. En ese periodo, su comportamiento fue descrito como el de una persona introvertida y reservada, con escasa relación con otros internos. Estuvo vinculado a actividades como la biblioteca del centro y dedicó parte de su tiempo al estudio. No obstante, también constan algunos episodios puntuales de conflicto con otros reclusos que derivaron en sanciones disciplinarias.
En febrero de 2025, Basterra fue trasladado al centro penitenciario de Topas, en Salamanca. Este cambio de destino implica que su situación penitenciaria pase a ser evaluada por órganos distintos a los que anteriormente conocieron de su caso en Galicia, circunstancia que, podría influir en la valoración de su progresión de grado. Según informaciones publicadas por medios locales, a su llegada a Topas fue destinado a un módulo de respeto. En ese contexto, algunas fuentes han descrito su actitud como distante, con escaso trato con otros internos e incluso con comportamientos calificados como prepotentes.
La concesión del tercer grado en España exige, entre otros requisitos, el cumplimiento de una parte significativa de la condena —habitualmente un cuarto o la mitad, según el caso—, una evolución positiva en el proceso de reinserción, buena conducta y la existencia de un entorno de apoyo social y laboral. Estos aspectos son analizados por la junta de tratamiento del centro penitenciario correspondiente y, en su caso, por las autoridades competentes, que deberán decidir sobre la progresión de grado del interno.La decisión final sobre la concesión del tercer grado corresponderá a las instancias penitenciarias competentes.
