La protesta ya estaba en marcha antes de que comenzaran los discursos. La plaza del Ayuntamiento de Alicante se llenó este miércoles de pancartas, cánticos y reclamaciones directas de dimisión tras la polémica sobre las viviendas protegidas de Les Naus. Más de ochenta asociaciones y entidades sociales de la ciudad convocaron la concentración por una vivienda digna, que reunió a más de 500 personas según la organización, 300 según la Subdelegación del Gobierno.
La plaza se llenó de pancartas, consignas y rostros jóvenes y veteranos que compartían una misma reivindicación: vivienda digna y responsabilidades políticas. Desde los primeros minutos comenzaron a escucharse consignas coreadas al unísono: “Ni negocio ni corrupción, Barcala dimisión” y “La vivienda es un derecho”. Los cánticos resonaban en la fachada del consistorio mientras numerosas pancartas reclamaban transparencia y denunciaban el encarecimiento de los alquileres en la ciudad.
El epicentro de las críticas fue la gestión del alcalde, Luis Barcala, a quien el movimiento vecinal acusa de no haber respondido a las solicitudes formales de información y diálogo cursadas en mayo y junio de 2024. Aquellas peticiones, recuerdan, pedían explicaciones sobre alquiler social, criterios de adjudicación, planificación y barrios prioritarios en materia de vivienda pública.
Exigencias sociales
“Ni explicaciones, ni reuniones, ni compromisos”, se leía en uno de los fragmentos del manifiesto que fue leído ante los asistentes, entre aplausos y asentimientos. El documento, suscrito por asociaciones vecinales y entidades de diferentes barrios y partidas rurales, estructura una batería de exigencias que incluyen una auditoría independiente, la paralización cautelar de adjudicaciones bajo sospechay la constitución de una mesa municipal de vivienda con participación vinculante del tejido social.
El texto insiste en que aquellas solicitudes “no obtuvieron respuesta alguna”. “La vivienda pública no es una concesión ni un privilegio. Es una política social esencial que debe gestionarse con transparencia absoluta, criterios objetivos, igualdad de acceso y control democrático. Nada de esto puede garantizarse cuando la política de vivienda se gobierna de espaldas a la ciudadanía”, recoge el documento.
Protesta frente al Ayuntamiento de Alicante por las VPO / JOSE NAVARRO
La lectura fue seguida con atención por las más de quinientas personas congregadas. En primera fila, representantes de distintas asociaciones sostenían carteles con lemas como “Nuestros beneficios, nuestra miseria” y “Gente sin casa y casa sin gente”.
Denuncia pública
Tras la lectura del manifiesto, el Sindicat de Barri de Carolines instaló un proyector en uno de los laterales de la plaza. Sobre la fachada se proyectaron datos relativos al coste de la oficina antiokupas de la ciudad, al número de desahucios registrados y a la evolución del precio de la vivienda en los últimos años, que, según señalaron, se ha duplicado.
Las cifras aparecían acompañadas de gráficos y titulares que buscaban contextualizar la protesta en una tendencia estructural de encarecimiento y precarización. Cada dato era recibido con murmullos y comentarios entre el público.
Testimonios de los alicantinos
Entre quienes tomaron la palabra durante la concentración se encontraba Nadia Gálvez, arquitecta de 29 años, que describió su experiencia personal ante los micrófonos de este medio. “Como arquitecta joven a la que le está costando encontrar vivienda con los precios que hay ahora, la verdad es que creo que era necesario salir a la calle porque esta situación es una vergüenza”, afirmó.
Gálvez explicó que, pese a contar con formación universitaria y empleo, el acceso a un alquiler estable en la ciudad se ha convertido en una carrera de obstáculos. “No estamos hablando solo de casos extremos, estamos hablando de gente con trabajo, con estudios, que no puede asumir los precios actuales. La vivienda se ha convertido en un lujo”, subrayó.
A su lado, José Ignacio Mules, padre de dos hijos, compartía un diagnóstico similar. “No sé si servirá para algo, pero me quedo con la conciencia de haber venido. A las personas jóvenes cada vez nos cuesta más acceder a una casa, y más con familia e hijos, como es mi caso, que es imposible. Habría que hacer más manifestaciones así”, señaló.
Mules relató que, tras meses buscando vivienda en régimen de alquiler, ha tenido que ampliar su radio de búsqueda a municipios del área metropolitana. “En la ciudad es inviable. O pagas más del 50% de tu sueldo o te vas a barrios donde tampoco hay oferta suficiente. Y mientras tanto, vemos promociones que se anuncian como protegidas y luego surgen dudas sobre cómo se gestionan”, añadió.
Protesta frente al Ayuntamiento de Alicante por las VPO / JOSE NAVARRO
María Gracia, otra de las asistentes, incidió en la dimensión generacional del problema. “Diría que tal y como está la situación es demasiado crítica como para quedarnos en casa, pero desgraciadamente muchas de las personas jóvenes que estamos hoy aquí no tenemos una casa a la que ir”, lamentó.
Sus palabras sintetizaban una sensación compartida: la protesta no respondía únicamente a un caso concreto, sino a una percepción más amplia de deterioro en el acceso a la vivienda.
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