Semana convulsa en el seno de la Policía Municipal de Madrid, que arrancó con la polémica por unas supuestas nuevas irregularidades en las oposiciones de acceso al Cuerpo y está cerrando con el cese de su director general, Pablo Enrique Rodríguez, sustituido por Antonio Domingo Ayuso, el actual subdirector general de Coordinación y Planificación en el Ayuntamiento de Madrid.
En el ojo del huracán desde que el coche en el que viajaba el día del apagón se vio involucrado en el atropello a una menor, esta nueva controversia ha precipitado la decisión de prescindir de sus servicios. La vicelalcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha justificado el cese por la necesidad de comenzar una «nueva etapa» después de los últimos siete años.
«Debemos abrir una nueva etapa, agradecer los servicios prestados durante estos casi siete años, pero creemos que es hora de dar un nuevo impulso dentro de la policía», ha explicado la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves.
Además del atropello de la niña, tras el que Rodríguez fue relevado temporalmente por una baja laboral, el exdirector general ha enfrentado durante su mandato otras polémicas varias, como la muerte de un hombre en Torrejón a manos de un agente fuera de servicio, las acusaciones de brutalidad policial en Lavapiés o varias denuncias por irregularidades en las oposiciones de acceso.
El pasado lunes salió a la luz que varias decenas de candidatos de la promoción 56 están preparando acciones legales tras quedarse fuera en la fase del examen psicotécnico con unos criterios que consideran injustos. Los afectados consideran que la nota de corte del psicotécnico, fijada en 8,7, es injusta y está excluyendo a aspirantes con “altísimo nivel de preparación”. En total, más de 450 han presentado alegaciones y muchos han contactado con despachos de abogados; el proceso ofertaba 440 plazas por turno libre y 110 para militares, de acuerdo con esta información.
Preguntado al respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, evitó posicionarse, alegando que la valoración de las notas y baremos corresponde al tribunal de las pruebas y no al equipo de Gobierno. «Si algún aspirante entiende que la actuación del tribunal no se corresponde con las bases de la convocatoria, tiene la capacidad de impugnarlo», afirmó el regidor entonces, dos días antes del cese.
